El caso del rapero y activista social Luis Eduardo Torres Lara, conocido como HTorrez, fue expuesto públicamente este miércoles durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que provocó una respuesta directa de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La titular de Segob aseguró que el caso será atendido por el área especializada que revisa procesos judiciales con irregularidades; posteriormente, la presidenta Sheinbaum confirmó que, aunque se trata de un caso del Tribunal de Nayarit, será revisado por el Gobierno Federal.
HTorrez fue detenido el 23 de julio en Bucerías mientras viajaba en un vehículo de aplicación. Policías municipales de Bahía de Banderas, Nayarit, lo hicieron bajar sin orden judicial y lo acusaron, inicialmente, de "intento de soborno" y de "parecerse" a un presunto delincuente; a pesar de que el Ministerio Público no logró acreditar estos delitos, sigue privado de su libertad. Hoy se le intenta imputar el robo a tiendas OXXO, sin pruebas claras ni videos que lo sustenten.
Un artista de conciencia, no un delincuente
Con una reconocida trayectoria como rapero y activista, HTorrez ha participado en festivales como Rock Vive, Es-tu-día, la Feria Nacional de Nayarit y recientemente en el Fundango por la Lectura del Instituto de la Juventud, INJUVE. Su trabajo ha sido a menudo sin fines de lucro, con un fuerte enfoque en temas sociales.
Familiares y amigos de Luis Eduardo aseguran que su detención responde a un intento de criminalizar su activismo y pensamiento crítico; además, denuncian diversas irregularidades en el proceso, como la negativa a mostrar evidencia videográfica y restricciones para presentar testigos.
Preocupación por abuso institucional en Nayarit
Organizaciones han señalado que en el estado persisten graves deficiencias en la procuración de justicia: las investigaciones se prolongan durante meses y, en muchos casos, no se resuelve la situación legal de los detenidos.
Pese a la gravedad del caso de HTorrez, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, solo ha realizado movimientos administrativos en la policía, sin iniciar una investigación seria.
Justicia pendiente
La familia del artista denuncia que le han quitado no solo la libertad, sino también su carrera y su voz. Ahora, con la visibilidad nacional alcanzada, confían en que el Gobierno Federal intervenga de fondo.
El caso podría marcar un precedente contra la criminalización de artistas y activistas. Desde Segob, se reiteró el compromiso de revisar casos donde se presuma violación al debido proceso, como parte de una política de transformación del sistema de justicia.