Empresa asegura que Punta Paraíso fue construido legalmente

La desarrolladora Pacific Lifestyle Properties defendió la legalidad de Punta Paraíso, en San Pancho, tras las resoluciones judiciales sobre la construcción y los daños estructurales registrados en el complejo.

La empresa aseguró que obtuvo los permisos ambientales correspondientes y realizó las obras conforme a las delimitaciones oficiales vigentes en ese momento. Sin embargo, el caso involucra dos resoluciones judiciales con conclusiones distintas sobre la ubicación de las edificaciones y la posibilidad de construir en terrenos ganados al mar, superficies que se forman cuando se modifica la línea costera.

Dos resoluciones judiciales, conclusiones distintas

Pacific Lifestyle Properties señaló que el 30 de septiembre de 2026 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la validez de la autorización de impacto ambiental. Según la empresa, las obras no invadían la Zona Federal Marítimo Terrestre ni los terrenos ganados al mar conforme a la delimitación analizada. No obstante, el 7 de octubre, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo solicitado por la desarrolladora y determinó que las construcciones estaban en terrenos ganados al mar donde el título de concesión no autorizaba edificaciones.

La fecha de delimitación, argumento central de la empresa

La desarrolladora sostiene que las obras se construyeron en noviembre de 2017 y que la superficie fue delimitada oficialmente como terrenos ganados al mar hasta 2018. PLP considera que esta diferencia temporal ayuda a explicar las distintas conclusiones judiciales. Además, afirmó que, tras la clausura, no se permitió el ingreso de especialistas para evaluar y apuntalar las torres afectadas, por lo que pidió priorizar la seguridad de las familias residentes.

Regidora se deslinda del proyecto

Por su parte, la regidora de Bahía de Banderas, Citlalli Huerta, rechazó tener responsabilidad en la construcción, modificaciones o autorizaciones del condominio. Aseguró que no es representante legal de PLP, no fungió como Directora Responsable de Obra ni participó en trámites administrativos o ambientales. También expresó solidaridad con las personas afectadas.