Gobernador niega señalamiento de empresarios; identifican jóvenes que dañaron Palacio de Gobierno

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, negó las acusaciones de presuntos desalojos irregulares de empresarios de Jalisco en Bahía de Banderas, vinculadas al denominado mega operativo "Nuevo Nayarit": cuestionado por los señalamientos de que inversionistas estarían siendo retirados de terrenos de manera irregular, el mandatario afirmó que dichas versiones "son mentira, totalmente".

El mandatario estatal sostuvo que, de acuerdo con la información de su gobierno, las acciones se han realizado únicamente en terrenos de gran extensión que habrían sido objeto de especulación durante años; aseguró que no se ha "quitado" la propiedad a nadie en lo individual, sino que se han intervenido hectáreas donde, según su dicho, existían intereses económicos consolidados a nivel nacional.

También señaló que los grupos inconformes buscan desacreditar las acciones emprendidas por el Estado y destacó que, cuando acudieron a la Fiscalía General de la República, las personas afectadas intentaron posicionar su versión en medios nacionales para cuestionar el operativo y presentar la narrativa de un despojo en su contra.

Cuestionado sobre si habrá respuesta legal ante los señalamientos, el mandatario respondió que sí se valoran acciones jurídicas y afirmó que en muchos casos las acusaciones no se presentan por la vía formal, sino únicamente en el espacio mediático, por lo que advirtió que, ante lo que considera difamación, su gobierno recurrirá a los mecanismos legales correspondientes, sin otorgar crédito a quienes, a su juicio, difunden información falsa.

También se refirió a los hechos del pasado 15 de noviembre, cuando un grupo de jóvenes lanzó una bomba molotov contra la puerta de Palacio de Gobierno y causó daños al inmueble y explicó que el secretario de Seguridad, Manasés Langarica, sostuvo un acercamiento con las familias de los involucrados e hizo un llamado a la reflexión, al señalar que este tipo de actos está considerado como un delito grave y que, más allá del daño material, se trata de conductas reprobadas por la legislación vigente.