Los hermanos de un líder criminal recluido en el penal federal El Rincón, en Nayarit, fueron señalados de organizar y financiar los bloqueos registrados en Santa Fe y Cuajimalpa, Ciudad de México, para presionar a las autoridades en favor del interno.
La movilización, presentada como una protesta por las condiciones de reclusión, habría sido financiada mediante pagos a personas de la zona de influencia del grupo delictivo, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
El martes 17 de noviembre, alrededor de 400 personas bloquearon durante varias horas vialidades importantes del poniente de la capital del país. Los manifestantes se presentaron como familiares de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, y denunciaron presuntos malos tratos, falta de medicamentos y deficiencias en la atención médica.

Las convocatorias difundidas para acudir a la protesta
En diversas publicaciones en redes sociales se ofrecían 250 pesos por persona para acudir a la movilización; otro mensaje solicitaba entre 20 y 25 participantes y establecía como punto de reunión un módulo de policía de la colonia Corpus Christi, en Álvaro Obregón, a las cinco de la mañana.
Pero un elemento resultó especialmente revelador: una de las convocatorias señalaba expresamente que la marcha tenía como propósito exigir la liberación de Lenin Canchola.

¿Quién es el interno por el que se movilizaron?
Lenin Jonathan Canchola Martínez era considerado uno de los principales generadores de violencia en el poniente de Ciudad de México a quien se le acusaba de secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso, despojo de inmuebles y narcomenudeo, actividades por las que era investigado por las autoridades capitalinas.
Fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, donde se había refugiado para evadir a las autoridades; tras su captura fue trasladado a Ciudad de México e ingresado al penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.
En diciembre de 2022 fue enviado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, y posteriormente trasladado al CEFERESO número 4, El Rincón, en Tepic, Nayarit, donde actualmente cumple una sentencia de 50 años de prisión por secuestro agravado.
Para la manifestación en apoyo a Canchola en la Ciudad de México, fueron identificadas dos personas conocidas como Mike y Bombón, señaladas como hermanos del recluido en el penal federal de Tepic, como quienes habrían organizado y financiado la movilización, con el objetivo de presionar a las autoridades penitenciarias para conseguir beneficios para el interno.

La respuesta de las autoridades federales
Ante las denuncias sobre las supuestas condiciones de internamiento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que realizaría verificaciones en el penal federal de Nayarit. La dependencia sostuvo que el centro cuenta con insumos, medicamentos y servicios necesarios, que opera con normalidad y que las áreas de Reinserción Social y Jurídica darían seguimiento a los señalamientos.
Pero la respuesta federal también alcanzó a los organizadores de la protesta. El miércoles 18 de noviembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, duarnte la conferencia mañanera de Palacio Nacional confirmó que personas pertenecientes a un grupo delictivo pagaron a participantes para realizar los bloqueos.
La funcionaria informó que estaba en marcha una investigación para identificar a quienes financiaron y organizaron la movilización; también advirtió que el derecho a la libre manifestación no puede utilizarse para encubrir acciones financiadas por la delincuencia organizada.
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De protesta social a concentración pagada
Las convocatorias que ofrecían dinero, la exigencia expresa de liberar a Canchola y los señalamientos sobre sus hermanos como organizadores cambiaron por completo la lectura de los bloqueos.
Lo que se presentó en la Ciudad de México como una manifestación de familiares inconformes con las condiciones del penal federal de Tepic, terminó exhibiendo otra realidad: una concentración financiada para presionar a las autoridades en beneficio de un líder criminal.