La desaparición del impuesto adicional del 15% abre un nuevo reto financiero para la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y pone sobre la mesa una pregunta de impacto directo para la sociedad: ¿Cómo sustituir esta fuente complementaria de ingresos sin afectar programas, infraestructura y servicios que benefician a una comunidad de más de 30 mil estudiantes ?
La Mtra. Helda Alicia Dueñas del Toro, secretaria general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN (SETUAN), señaló que una de las rutas más claras será incrementar de manera progresiva la aportación del Gobierno de Nayarit al presupuesto universitario, debido a que actualmente la mayor parte del financiamiento proviene de la Federación.
De acuerdo con la dirigente sindical, el Gobierno Federal aporta más del 70% de los recursos de la Universidad, mientras que la participación estatal ronda el 22%, una diferencia que, consideró, deberá reducirse gradualmente. "Tenemos que llegar a un 50-50. La ruta es larga, pero sí tiene que haber un enfoque muy positivo de ir incorporando más recursos a la Universidad", expresó.

Más de 30 mil estudiantes dependen del financiamiento público
Dueñas del Toro sostuvo que los recursos vinculados al impuesto han contribuido a sostener áreas que tienen impacto directo en la formación universitaria, entre ellas mantenimiento de instalaciones, rehabilitación de aulas y edificios, investigación científica y oportunidades académicas para estudiantes y docentes.
Durante este año, señaló, que los recursos provenientes del impuesto adicional del 15% han representado más de 150 millones de pesos destinados a distintas necesidades de la comunidad universitaria.
La Universidad mantiene una matrícula superior a 30 mil estudiantes y cuenta además con 16 preparatorias, por lo que el problema financiero no se limita a la educación superior, sino que también alcanza a miles de jóvenes de nivel medio superior en Nayarit.
Entre las necesidades pendientes mencionó infraestructura suficiente para actividades académicas y sociales, como un auditorio con mayor capacidad, además del mantenimiento continuo de los espacios universitarios.

Estado tendría que aportar más recursos
Ante el nuevo escenario, la secretaria general del SETUAN consideró que el Congreso y el Gobierno del Estado deberán analizar una alternativa jurídica o fiscal que permita sustituir esta fuente de ingresos.
Si no existe un nuevo mecanismo viable, señaló, la salida sería destinar mayores recursos directamente desde el presupuesto estatal. "Somos una universidad pública, autónoma en sus decisiones, pero seguimos siendo una institución pública del Estado", afirmó.
Dueñas del Toro también defendió que los recursos deben mantenerse bajo mecanismos de vigilancia y transparencia, al señalar que su aplicación pasa por el Patronato y órganos universitarios encargados de decidir su destino.

Piden que el costo no recaiga en trabajadores
La preocupación también alcanza a la plantilla laboral; la dirigente recordó que durante anteriores crisis financieras los trabajadores universitarios enfrentaron ajustes en prestaciones y condiciones laborales como parte de las medidas para estabilizar las finanzas de la institución; ahora, aseguró, existe la intención de evitar que una nueva presión presupuestal vuelva a trasladarse hacia salarios o prestaciones. "Estamos en un esfuerzo continuo de que el costo no sean los trabajadores y su salario", sostuvo.
Dueñas del Toro estimó que los trabajadores enfrentan actualmente una depreciación salarial cercana al 12%, por lo que descartó que la solución deba pasar por nuevos sacrificios laborales.
También rechazó cualquier posibilidad de privatización y defendió el carácter público de la Universidad como una vía de acceso a la educación para miles de jóvenes nayaritas.
El reto, sostuvo, será encontrar una fuente estable de financiamiento que permita mantener servicios, infraestructura, investigación y derechos laborales sin trasladar el costo de la nueva situación financiera a estudiantes y trabajadores.