El Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025, elaborado por el INEGI, reveló que en Nayarit se abrieron 12,608 carpetas de investigación durante 2024, de las cuales solo 1,853 tuvieron a una persona imputada, es decir, apenas el 14.7 %, mientras que el 85.3 % restante (10,755 casos) quedaron sin responsable identificado. El dato coloca a la entidad entre aquellas con mayores rezagos en la integración de denuncias, pues la mayoría permanecen en etapa inicial sin avances hacia el proceso penal.
Este contraste en la eficacia investigativa resulta más relevante que el monto de recursos disponibles; aunque Nayarit ejerció un presupuesto de 370.3 millones de pesos, uno de los más bajos del país, la dimensión territorial y demográfica del estado, con poco más de 1.2 millones de habitantes y 20 municipios, hace que el verdadero reto no sea solo financiero, sino operativo, es decir, cómo lograr que las investigaciones concluyan con imputados y resoluciones.
En comparación, entidades con mayor población como el Estado de México reportaron más de 5 mil 200 millones de pesos de presupuesto y una planta laboral superior a los 7 mil servidores públicos, pero también presentan porcentajes más altos de carpetas con imputados.; esto evidencia la brecha no únicamente en recursos, sino en la capacidad para avanzar en las investigaciones.
En cuanto al personal, la Fiscalía General de Nayarit registró 1,655 trabajadores, de los cuales el 42.4 % son mujeres y el 57.6 % hombres; en infraestructura, cuenta con 94 agencias y unidades del Ministerio Público, número inferior al de Jalisco (363) o Guanajuato (343), pero superior al de entidades con mayor población como Oaxaca (36) y Tlaxcala (43); esto lo ubica en un nivel intermedio, aunque con el desafío de dar cobertura tanto en zonas urbanas como en comunidades alejadas, donde la presencia institucional es limitada.
El censo muestra así que, más allá de los recursos presupuestales, el principal reto en Nayarit es la eficiencia en la integración de carpetas de investigación; mientras estados grandes concentran presupuesto y personal, la entidad enfrenta el desafío de transformar las denuncias en procesos con responsables identificados, un aspecto clave para fortalecer el acceso a la justicia.