El Tribunal de Disciplina Judicial de Nayarit investiga una queja reciente contra Xavier Alberto Rivas González, juez de control en Bucerías, por presuntas irregularidades dentro de un proceso relacionado con el Fideicomiso Bahía de Banderas.
La inconformidad fue presentada por abogados que representan a la familia Guzmán Franco, involucrada en una disputa por un terreno de más de 10 hectáreas en Rincón de Guayabitos, municipio de Compostela; los litigantes acusan al juez de presuntos actos de intimidación y de limitar el ejercicio de la defensa.
María Verdín Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, confirmó que la queja ingresó formalmente y se encuentra en la Unidad de Investigación, esta instancia deberá revisar las pruebas y determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidad.
Hasta el momento, el Tribunal no ha informado qué conductas específicas aparecen en el expediente, tampoco existe una resolución que confirme alguna falta administrativa o responsabilidad del juzgador.

Abogados denuncian presunta intimidación
Uno de los principales señalamientos surgió después de una audiencia relacionada con el conflicto por el terreno; los abogados aseguran que Rivas González les ordenó no difundir las grabaciones de la diligencia y les advirtió sobre la posibilidad de enfrentar un procedimiento penal si compartían el material.
La defensa sostiene que la audiencia no había sido declarada privada y considera que el apercibimiento carecía de fundamentación suficiente, también afirma que la advertencia generó temor entre los litigantes y podría afectar su trabajo dentro del proceso.
Estos señalamientos fueron expuestos por Joel Alejandro Fernández Pérez, uno de los abogados relacionados con el caso; la existencia de la queja fue confirmada por el Tribunal, pero el contenido completo del apercibimiento y del expediente disciplinario no se ha difundido públicamente.
Los litigantes también cuestionan el uso de la prisión preventiva en procesos por presunto despojo relacionados con terrenos reclamados por el fideicomiso, según Fernández Pérez, el juez volvió a imponer esta medida contra un trabajador identificado como Javier después de que la defensa obtuvo un amparo relacionado con su situación jurídica.
La versión de los abogados señala que varios expedientes relacionados con predios reclamados por el Fideicomiso Bahía de Banderas han quedado bajo la jurisdicción de Rivas González; por esta razón, algunos litigantes lo identifican como "el juez del FIBBA", aunque se trata de un sobrenombre utilizado por los denunciantes y no de una denominación oficial.
El conflicto de fondo enfrenta dos versiones, la familia Guzmán Franco sostiene que el terreno de Rincón de Guayabitos forma parte de su patrimonio desde hace generaciones; las autoridades estatales argumentan que el inmueble estaría relacionado con bienes que pertenecieron al Fideicomiso Bahía de Banderas; la propiedad y la situación jurídica del predio continúan bajo disputa.

Juez señalado permanece en funciones
El Tribunal no ha ordenado la suspensión del juez porque la investigación apenas, comenzó. Verdín Hernández señaló que la autoridad debe revisar el caso antes de aplicar cualquier medida. "Nosotros ahorita no tenemos determinada una suspensión al juez porque precisamente hace apenas algunos días inició la investigación", declaró.
La Unidad de Investigación definirá las líneas que seguirá el procedimiento y analizará cada elemento aportado por quienes presentaron la queja; si encuentra datos suficientes, el expediente pasará a una magistratura para continuar con la siguiente etapa. "Si se encuentran elementos por la Unidad de Investigación, se turna a la unidad sustanciadora competente, que sería una de las magistraturas", explicó Verdín Hernández.
Esa instancia deberá revisar las pruebas, escuchar a las partes y resolver si el juez incurrió en alguna falta, si se acredita una responsabilidad, podrá recibir una sanción conforme a la ley, en caso contrario, el procedimiento concluirá sin sanciones.
La magistrada presidenta sostuvo que el Tribunal no tomará decisiones con base únicamente en publicaciones de redes sociales o versiones difundidas en medios de comunicación; explicó que también deben respetarse el debido proceso y la presunción de inocencia del servidor judicial. "También puede darse el caso de que existan quejas infundadas", puntualizó.
Mientras la investigación permanece abierta, las personas que presentaron la inconformidad deberán esperar una resolución que aclare si la actuación del juez se apegó a la ley, para la ciudadanía, el resultado también será importante porque las quejas contra funcionarios judiciales tienen un impacto directo en la confianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

Acumulan 150 quejas contra servidores judiciales
El caso relacionado con el FIBBA forma parte de aproximadamente 150 quejas que el Tribunal de Disciplina Judicial mantiene en investigación; los expedientes involucran a jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y notificadores.
Los señalamientos más frecuentes están relacionados con retrasos en los procedimientos y mala atención a las personas usuarias; estas conductas pueden prolongar conflictos legales y aumentar la incertidumbre de quienes esperan una resolución.
El Tribunal también recibió más de 80 expedientes del extinto Consejo de la Judicatura, las sanciones ejecutadas hasta ahora van desde apercibimientos hasta suspensiones, la medida más severa ha sido la separación temporal de un juez durante seis meses.
Cualquier persona puede presentar una queja mediante un escrito libre que describa las circunstancias de modo, tiempo y lugar, también puede entregar documentos o pruebas y utilizar el formulario disponible en el micrositio del Tribunal de Disciplina Judicial.
Las denuncias pueden presentarse de manera anónima, no obstante, la autoridad recomienda proporcionar un correo electrónico o algún medio de contacto para solicitar datos adicionales cuando sean necesarios para avanzar en la investigación.