El pasado 17 de junio entró en vigor la "Ley Silla", una reforma federal a la Ley Federal del Trabajo que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a los trabajadores, especialmente en los sectores de comercio y servicios. También prohíbe mantenerlos de pie durante toda la jornada laboral, con el fin de proteger su salud, prevenir enfermedades y evitar una disminución en la productividad.
Tras las polémicas declaraciones de la presidenta del Consejo Empresarial de Nayarit, Cruzita Robles, y luego de ser exhibida a nivel nacional, la disposición ha comenzado a acatarse de manera generalizada. Según señaló la propia Robles:
"Definitivamente que te puedo asegurar que la mayoría, el 90 por ciento de las empresas ya cuentan con sus sillas, ya los empleados tienen sus aires y sus tiempos para descansar; no se ha visto empresas donde los mismos empleados se estén levantando y diciendo: ?¿qué es lo que pasa??. No, ya tomamos esa ley a acatarla".
Sin embargo, desde el sector patronal se percibe esta medida como un golpe al centrarse únicamente en la plantilla laboral, dejando de lado el sentir de los accionistas. Cruzita Robles reconoció que vienen más desafíos, como la implementación de la jornada laboral de 40 horas, y subrayó, que si bien no hay resistencia, sí existe la necesidad de mayor acompañamiento y orientación por parte de las autoridades para aplicar la reforma de manera gradual y ordenada.
En el caso de la Ley Silla, se contempla una multa económica máxima de 2,500 UMAS (unidades de medida y actualización), equivalente a más de 280,000 pesos, para quienes no la cumplan. En Nayarit, el 90 por ciento de las empresas ya lo ha hecho; pero? y el otro 10% ¿qué espera?