A lo largo de la costa de Nayarit crece la preocupación por el cierre de accesos a playas que, por ley, deben ser públicos. Habitantes y turistas denuncian restricciones impuestas por desarrollos turísticos, cercas y vigilancia privada en zonas que históricamente han sido de libre acceso.
En los últimos cinco años, organizaciones ambientalistas han documentado más de 100 denuncias en todo el país por bloqueos ilegales a playas; al menos 15 de ellas en Nayarit. El avance de complejos turísticos y decisiones municipales que favorecen intereses particulares han encendido las alertas.
"No vamos a tolerar no sólo el tema de quien venga de otra parte del mundo, si no también el empresario nacional que quiera privatizar una playa y que deje o no deje más bien pasar a un turista a una ventana al mar el gobernador nos instruyó llegar con toda la reglamentación de normatividad porque todas las playas son públicas" Juan Enrique del Real Tostado, secretario de turismo
Cada vez son más frecuentes los intentos de privatizar zonas de playa con caminos tradicionales y accesos bloqueados con bardas, casetas o construcciones, como recientemente sucedió en "Las Islitas", municipio de San Blas y San Pancho en Bahía de Banderas
"Debemos de estar vigilando" "actuar de forma inmediata." Juan Enrique del Real Tostado, secretario de turismo
En el último año, Playa Litibú, Bucerías y Sayulita reabrieron accesos públicos con apoyo estatal y presión vecinal. Sin embargo, las autoridades reconocen que los conflictos de tenencia ejidal siguen siendo una barrera.
"Hay temas complejos en donde se hicieron convenios también por parte de los ejidos, donde se permitió que se cerrarán esas ventanas al mar, donde se les dio la oportunidad a complejos de desarrollo importante que pudieran privatizarlo al 100%" Juan Enrique del Real Tostado, secretario de turismo
Los espacios públicos son colectivos, y en el caso de las playas, no se permite la privatización de estas zonas de costa; respecto a los accesos, la Ley Federal del Mar regula que las "ventanas al mar" permitan las entradas públicas a las playas y zonas costeras, que a menudo se ven restringidos por desarrollos privados o falta de infraestructura.
Por eso, mantener abiertos los accesos al mar y a cualquier espacio público no es sólo una exigencia legal, sino una forma de no ceder lo colectivo a intereses privados.