Oposición solicita anulación de elecciones judiciales
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una solicitud formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para anular la elección al poder judicial reciente, argumentando la existencia de múltiples irregularidades durante el proceso.
En conferencia de prensa, representantes del partido encabezados por la presidenta estatal del PRI en Nayarit, Sofia Bautista expusieron diversos señalamientos que, a su juicio, comprometen la legalidad y legitimidad de la jornada electoral, entre ellos, mencionaron:
- Casillas con votación superior al número de personas registradas en el padrón.
- Boletas sin doblez, lo que, dijeron, indicaría que no fueron depositadas en urnas.
- Circulación de "acordeones" con resultados previos que presuntamente coincidieron con los cómputos oficiales en diversas regiones.
De acuerdo la dirigente estatal, las anomalías fueron documentadas en entidades como Chiapas, Michoacán y Nayarit, también señalaron que en algunas casillas, un solo candidato habría recibido el 100 % de los votos, lo cual calificaron como irregular.
El partido enfatizó además que la participación ciudadana alcanzó apenas el 30 % a nivel nacional, situación que, según expresaron, debilita la legitimidad del proceso democrático; en ese contexto, recordaron que en la sesión más reciente del Consejo General del INE, cinco consejeros votaron a favor de anular la elección, contra seis que decidieron ratificar su validez.
La solicitud fue presentada mediante un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC), respaldado por legisladores y dirigentes nacionales del PRI; el caso será turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para declarar la nulidad total o parcial del proceso.
Durante la misma conferencia, integrantes del PRI expresaron preocupación por el estado de la libertad de expresión en el país, al referirse al caso de un periodista vinculado a proceso en Campeche y a iniciativas legislativas en Puebla relacionadas con el control de contenidos en redes sociales.
