Poder Judicial presenta informe de labores, aunque enfrenta desconfianza ciudadana

La presidenta del Poder Judicial de Nayarit, Aracely Ávalos Lemus presentó este jueves el Informe de Labores 2024-2025, en el que destacó avances en modernización tecnológica, creación de juzgados especializados y atención a delitos de alto impacto; durante este periodo se registraron más de 26 mil expedientes en primera instancia, se emitieron más de 10 mil sentencias y se brindó atención a 96 mil personas en módulos informativos.

Entre los logros más relevantes se mencionó la apertura de juzgados en materia familiar, violencia de género y pensiones alimenticias; estas nuevas instancias han permitido agilizar procesos como la pérdida de patria potestad y la fijación de pensiones provisionales, reduciendo de manera significativa los tiempos de resolución.

El informe también reportó sentencias emblemáticas, entre ellas una condena de 437 años por secuestro y penas de hasta 70 años por feminicidio, aplicando protocolos con perspectiva de género; en el ámbito digital, se invirtieron más de 18 millones de pesos en infraestructura tecnológica, fortaleciendo herramientas como el Tribunal Virtual, el Juicio en Línea y el Buzón Electrónico.

Durante el acto oficial, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reconoció la labor del Poder Judicial y subrayó la importancia de que mantenga su autonomía e independencia frente a otros poderes; señaló que la sociedad exige transparencia y confianza en la impartición de justicia, lo que obliga a reforzar una cultura de respeto a los derechos humanos, particularmente hacia los sectores más vulnerables.

En este contexto, el mandatario hizo referencia a casos recientes que han generado indignación social, como homicidios de menores y ataques a profesionistas, y destacó la necesidad de fortalecer a las instituciones para evitar la repetición de hechos similares; consideró que los desafíos actuales demandan una mayor coordinación y compromiso en la protección de la ciudadanía.

Navarro Quintero añadió que la independencia judicial debe reflejarse en decisiones libres de presiones externas; advirtió que la transformación de la justicia no depende únicamente de reformas estructurales, sino también de un cambio cultural y educativo que priorice el respeto a la vida y la dignidad humana, con el fin de consolidar un Poder Judicial confiable, cercano y capaz de responder a las demandas sociales.