La posible concesión del servicio de recolección de basura por 25 años en Santiago Ixcuintla, Nayarit, generó preocupación entre trabajadores municipales y familias recicladoras, mientras el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios cuestiona sus costos y condiciones.
Óscar Flavio Sanón Saucedo, secretario general del SUTSEM, advirtió que entregar el servicio a una empresa privada podría afectar los empleos municipales y los ingresos de aproximadamente 30 familias dedicadas a la recuperación y venta de materiales reciclables.
El dirigente sindical también rechazó que exista un acuerdo con los trabajadores para llevar a cabo la concesión; aseguró que, contrario a lo señalado por el presidente municipal, el sindicato no ha participado en reuniones para conocer las condiciones del proyecto ni sus posibles consecuencias laborales.

Concesión podría costar 36 millones de pesos al año
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato es el costo que tendría la contratación de una empresa privada para recolectar la basura del municipio.
Según Cedano Saucedo, la información que ha recibido apunta a un pago aproximado de tres millones de pesos mensuales, lo que representaría 36 millones de pesos al año y hasta 900 millones durante los 25 años de vigencia del contrato, si el monto se mantuviera sin cambios.
Sin embargo, aclaró que estas cifras no han sido confirmadas mediante documentos oficiales, por lo que solicitó transparentar los costos reales y las condiciones de la posible contratación.
El dirigente también cuestionó la rapidez con la que, según señaló, se ha desarrollado el procedimiento, debido a que se habrían otorgado pocos días para presentar propuestas y establecido un cobro de 10 mil pesos para adquirir las bases de participación.
Ante esta situación, pidió conocer qué empresas están interesadas, cuánto pagaría el ayuntamiento y qué estudios económicos y ambientales respaldan la decisión de concesionar el servicio.
La preocupación del sindicato también se centra en que un contrato de 25 años obligaría a futuras administraciones municipales a destinar recursos al pago del servicio, en un municipio que, de acuerdo con el dirigente, ya enfrenta dificultades económicas.

Trabajadores y familias recicladoras podrían perder ingresos
Además del impacto en las finanzas municipales, el SUTSEM advirtió que la concesión podría tener consecuencias para quienes actualmente dependen de la recolección y el aprovechamiento de la basura.
Entre los posibles afectados se encuentran trabajadores del ayuntamiento y familias que obtienen ingresos mediante la separación y venta de materiales reciclables.
Saucedo señaló que, si la empresa privada recibe también el derecho de aprovechar los residuos, estas familias podrían enfrentar dificultades para continuar con su actividad económica.
Como alternativa, propuso que el ayuntamiento analice la compra de nuevos camiones recolectores y la construcción de un sitio adecuado para depositar los residuos, con el objetivo de mejorar el servicio sin comprometer recursos públicos durante varias décadas.
El sindicato buscará reunirse con el presidente municipal y los regidores para solicitar que se detenga el procedimiento mientras se revisan sus consecuencias económicas, laborales, sociales y ambientales y de no obtener una respuesta, el dirigente no descartó movilizaciones de los trabajadores.