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28 de Marzo del 2024
Política

Rectoría en materia energética no significa monopolio: Sánchez Cordero

Rectoría en materia energética no significa monopolio: Sánchez Cordero

Luego de que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) considerara que la intención de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, "atenta contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho" y ante varios cuestionamientos que surgieron a raíz de esto, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que ésta no promueve el monopolio, sino la rectoría del Estado, ya que la iniciativa privada ya está dentro del sector energético.

"El Estado, en estos temas estratégicos y de seguridad nacional como lo es el suministro de energía eléctrica, debe tener una rectoría clara sobre estos temas y no significa necesariamente que sea, porque no lo es, porque hay competencia y empresas privadas en el sector, no significa monopolio, sino rectoría", expresó.

La funcionaria dijo que esto busca que sea la Comisión Federal de Electricidad la que dé estabilidad, continuidad y confiabilidad a la ciudadanía en el sistema eléctrico.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal se plantea un cambio en el sistema de despacho de las energía a cargo de la CFE con el objetivo de que la energía producida en hidroeléctricas se agregue a la red de distribución de energía, peor no sólo ésta, también la generada en otras plantas de la Comisión, así como las energías eólica y solar de particulares, así como la de ciclo combinado de empresas privadas.

Ayer la Alianza Federalista convocó al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa preferente en materia energética y abrir un debate sobre modificaciones al marco jurídico.

Los gobernadores aseguran que esta iniciativa atenta contra los principios constitucionales de ascendencia constitucional, libre competencia y no retroactividad de la ley, por lo que se destruye la seguridad jurídica y la confianza en el país, además genera un escenario de incertidumbre, violenta derechos e inhibe futuras inversiones.





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