Refuerzan vigilancia en Michoacán ante extorsiones al sector limonero

El asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector limonero en Michoacán, provocó que el Gobierno federal anunciara un conjunto de acciones estratégicas para proteger a los trabajadores del campo y garantizar las actividades productivas en la región

En Apatzingán, municipio afectado por la violencia organizada, se realizó un encuentro encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el gobernador estatal Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades de la Fiscalía General y representantes del sector limonero. Allí se acordó aumentar y reforzar labores de inteligencia para disminuir actos ilícitos contra los productores, particularmente en el sector limonero.

García Harfuch subrayó que las investigaciones sobre el homicidio de Bravo continúan y aseguró que "no quedará impune".

Las autoridades destacaron que se busca prevenir nuevas agresiones y extorsiones, que se han vuelto frecuentes en la región, y alentaron a la ciudadanía a denunciar delitos a través de la línea 089, un canal anónimo y seguro para aportar información sin revelar la identidad de los denunciantes.

La medida busca responder a la creciente violencia y extorsión que sufren los productores citrícolas

Contexto de violencia en el sector limonero

Bernardo Bravo se había hecho visible por encabezar protestas contra las cuotas impuestas por el crimen organizado, que mantenían a los productores "permanentemente secuestrados" por el pago de su cosecha.

En Apatzingán, los grupos responsables de estas extorsiones incluyen a Los Viagras, Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Acahuato, según las autoridades locales.

Michoacán es el principal productor de limón mexicano, con unas 700.000 toneladas anuales cultivadas en 67 mil hectáreas por 3.504 productores. El sector citrícola representa una actividad económica estratégica, pero se encuentra bajo constante amenaza debido a la presencia de organizaciones criminales que buscan controlar la producción y extorsionar a los trabajadores.

El refuerzo de seguridad se enmarca en la intención del Gobierno de reducir la violencia y garantizar que los productores puedan realizar sus labores sin sufrir ataques ni presiones ilegales, aunque el contexto de violencia organizada sigue siendo complejo y de alto riesgo para el sector agrícola