La Universidad Autónoma de Nayarit enfrenta incertidumbre financiera tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eliminar el impuesto adicional del 15 por ciento que se cobraba en los 20 municipios del estado para destinar recursos a la institución.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el impuesto adicional del 15% que se cobraba en los 20 municipios de Nayarit para destinar recursos a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
El cobro se sumaba a determinados pagos de impuestos, derechos y productos municipales. El lunes 19 de octubre, los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto de Lenia Batres para eliminarlo, al considerar que obligaba a los contribuyentes a pagar un impuesto extra sin justificarlo por su capacidad económica.
El impacto de este impuesto a los contribuyentes
El gravamen estaba incluido en las leyes de ingresos municipales para 2026; en la práctica, cuando una persona realizaba un pago municipal sujeto a este impuesto, debía cubrir también un 15% adicional destinado a la universidad.
Por ejemplo, si un trámite tenía un cobro municipal de 100 pesos y estaba sujeto a esta contribución, el impuesto adicional representaba otros 15 pesos; el monto final sería de 115 pesos, antes de considerar otros conceptos que pudieran aplicar. El fallo abre la pregunta de cómo se compensará el dinero que dejará de recibir la universidad.
El Poder Ejecutivo Federal impugnó el cobro ante la Suprema Corte; al revisar el caso, la Suprema Corte concluyó que pagar un impuesto o derecho municipal no significa, por sí mismo, tener una mayor capacidad económica que justifique cobrar otra contribución sobre ese mismo pago.
El máximo tribunal también invalidó las disposiciones que impedían cubrir el impuesto de manera diferida o en parcialidades, al considerar que esa restricción aumentaba la carga económica de los contribuyentes.

¿Cómo afectará a las finanzas de la UAN?
En su presupuesto de ingresos 2026, la Universidad Autónoma de Nayarit contempló 47.4 millones de pesos por este concepto, identificado como "Administrativos 15%". La eliminación del gravamen pone en riesgo la disponibilidad de esos recursos, vinculados al financiamiento de necesidades universitarias, incluido el pago de deuda y el desarrollo de actividades académicas y de investigación.
De acuerdo con el comunicado 146/2026 de la SCJN, la invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de Nayarit, la resolución elimina el fundamento legal para continuar con el cobro, pero no las necesidades financieras de la universidad.
