 
                                    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó frenar temporalmente las resoluciones judiciales relacionadas con la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las y los Trabajadores del Estado de Nayarit, hasta definir si la norma local es constitucional.
En la edición de este jueves 30 de octubre del Diario Oficial de la Federación, la SCJN informó que la decisión quedó asentada en el Acuerdo General 14/2025, aprobado el 23 de octubre de 2025 por ministras y ministros del Pleno, que establece que los Tribunales Colegiados de Circuito deberán continuar con la tramitación de los amparos, pero sin dictar sentencia, hasta que ministras y ministros determinen la constitucionalidad de la ley.
La medida se adopta porque el máximo tribunal aún analiza dos acciones de inconstitucionalidad (99/2023 y 100/2023) en las que se cuestiona el mismo ordenamiento estatal; con ello, se busca evitar fallos contradictorios y garantizar certeza jurídica a las personas involucradas.
El acuerdo fue aprobado por ocho ministras y ministros, con la ausencia justificada de una integrante del Pleno. El documento fue firmado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el secretario general de acuerdos Rafael Coello Cetina, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el viernes 31 de octubre de 2025.
En síntesis
La publicación del acuerdo implica que ningún tribunal podrá resolver de fondo los amparos sobre la Ley del Fondo de Ahorro de Nayarit hasta que la Suprema Corte emita un fallo definitivo, lo que mantiene en pausa los procesos judiciales y aplaza cualquier posible efecto sobre la aplicación de la ley estatal.
Datos clave
Un antecedente de la SCJN sobre la Ley en discusión
En agosto de 2024, la SCJN validó la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de Nayarit, desestimando la acción de inconstitucionalidad presentada contra ella por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su contraparte estatal, reafirmando la constitucionalidad de la ley y respalda la soberanía del estado de Nayarit para crear su propio sistema de pensiones.
