La crisis de seguridad en el transporte del Estado de México trasciende las fronteras de la zona oriente y constituye uno de los principales lastres para la vida diaria en toda la entidad. La persistencia del crimen golpea simultáneamente la economía de los concesionarios, la integridad de los operadores y el derecho a la movilidad de millones de ciudadanos.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron más de 5,100 denuncias por robo en transporte público colectivo en la entidad (un promedio de entre 15 y 17 asaltos diarios hacia inicios de 2026), con el agravante de que el 82.8% (más de 8 de cada 10) se cometen con violencia. Paralelamente, la incidencia contra el transporte de carga mantiene al Estado de México en el primer lugar nacional, superando las 7,000 carpetas de investigación acumuladas en la actual administración estatal.
De manera específica en el combate a redes de extorsión y robo a transporte, mediante despliegues coordinados como el Operativo Senda y 11 macrooperativos contra redes de extorsión, la Fiscalía desarticuló 8 bandas delictivas dedicadas directamente al asalto y extorsión de transportistas incluyendo células como Los Tilicos, Pantera, Los Marmolejo, La Empresa y Toño Tennis
VIAJAR CON MIEDO
?Ante el temor de asaltos o ataques por extorsión, diversas rutas recortan sus horarios nocturnos o reducen hasta en 50% su parque vehicular activo, dejando sin servicio a colonias periféricas.
Aunque entre enero y abril de 2026 la Fiscalía mexiquense inició 561 carpetas de investigación por extorsión (165 de ellas presenciales), los datos oficiales apenas reflejan la superficie del problema. Según mediciones de victimización y análisis de organizaciones como México Evalúa y la ENVIPE 2026 del INEGI, la cifra negra en el delito de extorsión alcanza niveles cercanos al 98%: es decir, 98 de cada 100 extorsiones no se denuncian o no derivan en una investigación efectiva

.Ante la insuficiencia de la vigilancia policial, tanto concesionarios como autoridades estatales han tenido que impulsar la inversión en equipamiento tecnológico para intentar contener los delitos a bordo. La instalación de cámaras de videovigilancia conectadas a los centros de mando (C5), sistemas de rastreo satelital (GPS) y botones de pánico se ha vuelto un requisito normativo y una necesidad operativa urgente para transporte público y de carga.
Sin embargo, los propios transportistas señalan que la tecnología por sí sola resulta insuficiente si no existe garantías reales de confidencialidad e investigación cuando un operador se atreve a denunciar.