Acusan uso político en bloqueo de madres buscadoras sobre la carretera México-Toluca
Toluca
Fecha: 22-10-2026
El bloqueo de la carretera México-Toluca por parte de colectivos de madres buscadoras cumplió este miércoles más de 24 horas de afectación vial, lo que generó un debate sobre la legitimidad de las protestas y la exigencia de localización de personas desaparecidas en el Estado de México.
La interrupción del tránsito vehicular mantiene colapsados los accesos hacia la capital del país, mientras diversos sectores analizan el impacto social y político de las movilizaciones.
Ante la prolongación del cierre carretero, integrantes del ámbito académico señalaron la necesidad de replantear las estrategias de diálogo institucional para evitar la distorsión de los objetivos principales de búsqueda.
Exigen interlocutores reales y diálogo institucional
Eduardo Garduño Campa, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, advirtió que cualquier manifestación orientada a conocer el paradero de personas desaparecidas es una causa legítima y respaldada por la sociedad; sin embargo, cuestionó la intervención de actores que buscan lucrar con la tragedia.
Toda manifestación que tenga como objetivo llegar a la verdad y conocer el paradero de las personas que han desaparecido es correcta, es loable y debe ser apoyada por toda la sociedad, indicó el académico.
El investigador enfatizó que las acciones se contaminan cuando se persiguen intereses partidistas o electorales a costa del dolor de las familias. Ojalá se deje de buscar un beneficio político a costa de una tragedia como esta, puntualizó.
Impacto en la búsqueda de personas desaparecidas
En su análisis sobre el conflicto vial, el especialista universitario destacó que la solución al problema requiere la apertura inmediata de canales de comunicación efectivos entre los manifestantes y las autoridades competentes.
Para lograr avances tangibles en las investigaciones, Garduño Campa subrayó la urgencia de designar mediadores imparciales que prioricen los derechos de las víctimas por encima de agendas particulares.
Se tienen que abrir los caminos de diálogo y existir un interlocutor que tenga realmente la voluntad de ser eso, interlocutor, y no una persona que tenga como objetivo un fin político y un beneficio electoral, expresó.
Asimismo, el investigador recalcó que la presencia de actores con intereses políticos retardará cualquier acción orientada a esclarecer los hechos o confirmar el paradero de las víctimas, prolongando la incertidumbre para los colectivos que desde hace años exigen justicia y localización en el territorio estatal.
