Advierte experto de Columbia control del crimen organizado en el agua

Advierte experto de Columbia control del crimen organizado en el agua y elecciones

El investigador Eduardo Moncada, especialista de la Universidad de Columbia, advirtió que el crimen organizado en México no sólo opera mediante la violencia, sino a través de la imposición de reglas, la gestión ilegal de recursos naturales como el agua y la intervención directa en los procesos electorales y la vida comunitaria.

Durante su participación en el coloquio "Gobernar la violencia: seguridad, crimen y Estado", organizado por El Colegio Mexiquense, el académico explicó que la gobernanza criminal moldea la vida cotidiana de millones de personas y redefine la relación entre las organizaciones delictivas y las instituciones del Estado.

Control criminal del agua y recursos naturales

Moncada destacó que las organizaciones criminales extienden su dominio hacia sectores estratégicos vinculados con el medio ambiente, como la distribución y el acceso al agua en regiones azotadas por la sequía.

El especialista señaló que los grupos delictivos controlan los sistemas de riego, imponen cuotas a los distribuidores y cobran extorsiones a los agricultores. Como ejemplo, indicó que el robo y la extracción clandestina de agua han reducido de manera drástica los niveles de cuerpos hídricos importantes como el Lago de Pátzcuaro, en Michoacán, planteando un escenario donde la escasez climática fortalece nuevos mercados ilegales.

Incidencia en procesos electorales y participación política

El ponente enfatizó que la presencia criminal y la gobernanza no son equivalentes, ya que la segunda implica la creación de un orden paralelo que altera la participación ciudadana y las elecciones.

De acuerdo con el análisis presentado, mientras que en algunas regiones controladas por pandillas los residentes limitan su contacto con autoridades y políticos por temor a represalias, en otras zonas urbanas los grupos armados movilizan votantes, imponen candidatos afines y establecen pactos de protección institucional que socavan la calidad de la democracia.