El crecimiento de las plataformas digitales, la circulación masiva de contenidos y el uso de inteligencia artificial representan nuevos desafíos para garantizar el derecho a la información y proteger los derechos de las audiencias, concluyeron especialistas durante un conversatorio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
El encuentro formó parte de la Primera Jornada Universitaria sobre Derecho y fue organizado por la Facultad de Derecho, la Consejería Jurídica Universitaria y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo Estado de México. Durante la sesión se evaluaron las condiciones actuales para que la ciudadanía acceda a información plural y distinga entre géneros informativos, de opinión y publicitarios.
Moderado por la directora general de Comunicación Social Universitaria de la UAEMéx, María Fernanda Valdés Figueroa, el panel contó con la participación de Karina Sánchez García, experta en derecho a la información; Lenin Martell Gámez, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; el periodista Francisco Ledesma Ibarra; Rafael González Cubas, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados en la entidad; y Gastón Pedraza Muñoz, director de Uniradio 99.7.
Regulación y papel de las defensorías
Durante el debate, los ponentes advirtieron que la abundancia de mensajes en redes sociales no asegura una sociedad mejor informada, por lo que señalaron la necesidad de fomentar la verificación de fuentes y el análisis crítico entre los consumidores de medios.
Asimismo, analizaron el equilibrio entre la regulación estatal y la autorregulación mediática. Los participantes indicaron que los mecanismos de protección deben salvaguardar los derechos del público sin derivar en herramientas de censura o control editorial. En este rubro, destacaron la función de las defensorías de audiencias como enlace entre medios y ciudadanos, subrayando la urgencia de fortalecer su autonomía institucional.

Participación ciudadana y accesibilidad
Los especialistas coincidieron en que la protección de estas garantías requiere la intervención activa de los usuarios mediante el cuestionamiento de los contenidos y el uso de los canales formales de queja. Finalmente, enfatizaron la obligación de garantizar condiciones de accesibilidad en los medios de comunicación para las personas con discapacidad.