Canje de armas, no basta para frenar la violencia estructural
En un contexto marcado por la violencia y la presencia constante de armas en distintas regiones del país, el gobierno ha lanzado nuevamente la campaña de Canje de Armas, una estrategia que busca que la población entregue voluntariamente su armamento.
Respaldada por autoridades de los tres niveles de gobierno, la iniciativa tiene como principal objetivo construir un entorno más seguro y duradero para todas y todos los mexicanos.
En 2024, el Estado de México se posicionó como la entidad con mayor número de entregas de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional, al concentrar el 35 por ciento del total recolectado a nivel nacional. En cifras, esto representa 921 armas, 19 cargadores, 26 mil 605 cartuchos y 142 granadas entregadas por la ciudadanía.
Sin embargo, aun con estas cifras, persisten los cuestionamientos sobre el impacto real de estas campañas en la reducción de la violencia estructural que afecta a distintas comunidades del país. Cada año, se estima que entran ilegalmente a México alrededor de 200 mil armas de fuego, de las cuales el 65 por ciento fueron fabricadas en Estados Unidos o importadas legalmente a ese país, lo que evidencia la dimensión internacional del problema y la limitada capacidad de respuesta que tienen estrategias como el canje voluntario.
En el periodo de enero a abril de 2025, se reportaron 345 homicidios dolosos y 6 culposos con arma de fuego, así como 14 casos de lesiones dolosas y 3 feminicidios, lo que evidencia que, si bien hay una baja en las cifras, la violencia armada y de género persiste como un desafío estructural para las autoridades y la sociedad.
Aunque la incidencia de violencia sigue siendo un tema preocupante, los reportes oficiales indican una ligera disminución en la comisión de delitos. Sin embargo, a decir de expertos, esta baja no significa que el canje de armas sea la solución definitiva a la violencia que enfrenta la entidad mexiquense. Señalan que mientras no se atiendan las causas estructurales como la desigualdad, la impunidad y el acceso ilegal a armas, las campañas de desarme seguirán teniendo un impacto limitado frente a la magnitud del problema.
