En el marco del aumento de las manifestaciones violentas en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre un decreto aprobado por el gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, donde se deslinda de responsabilidades penales a los militares que participan en los operativos para restablecer el "orden".
El decreto 4078 destaca en un párrafo que "el personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad".
Ante ello, la CIDH informó en su cuenta de twitter, que el documento "desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Contraviniendo la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos".
Por otra parte, Jean Arnault, enviado para Bolivia del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que el organismo internacional se sumará a los esfuerzos que se hacen en Bolivia para "acelerar la pacificación" y buscar una salida política al actual conflicto.
Mientras tanto en el departamento de Cochabamba, se volvió a registrar una jornada de conflicto, luego que miles de productores de hoja de coca fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando ingresaron de Sacaba a El Castillo.
Ello se suma a los al menos nueves muertos el viernes durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la ciudad de Sacaba, capital de la provincia del Chapare