CIELOMex pide armonizar leyes para aplicar nueva Ley Indígena

La Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México (CIELOMex) advirtió que la efectividad de la próxima Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos dependerá de que se modifiquen otras disposiciones legales relacionadas con tierra, agua, minería y propiedad intelectual, debido a que algunas de las normas vigentes podrían limitar la aplicación de los nuevos derechos reconocidos en la iniciativa.

El organismo señaló que la propuesta de legislación remite a distintas leyes sectoriales que, desde su perspectiva, no han incorporado de manera suficiente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que podrían generarse contradicciones al momento de aplicar las nuevas disposiciones.

La iniciativa contempla 453 artículos organizados en ocho libros y establece disposiciones sobre libre determinación, autonomía, territorio, consulta y consentimiento libre, previo e informado, propiedad intelectual colectiva y participación de los pueblos indígenas y afromexicanos. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) confirmó que el documento será sometido a un proceso nacional de consulta con las comunidades.

Territorio y recursos, entre los principales puntos

CIELOMex planteó que uno de los principales puntos de atención se encuentra en el reconocimiento de los derechos de los pueblos sobre sus territorios y recursos naturales, debido a que estos pueden entrar en contacto con disposiciones de la legislación agraria y con facultades del Estado relacionadas con concesiones, expropiaciones y declaraciones de utilidad pública.

El organismo consideró necesario revisar el artículo 27 de la Constitución y las leyes secundarias en materia agraria, de aguas, minería y propiedad industrial para evitar contradicciones jurídicas que, según su análisis, podrían dificultar el ejercicio efectivo de los derechos establecidos en la nueva legislación.

En materia de agua, señaló que aunque la iniciativa reconoce derechos de acceso, uso y administración preferente, la Ley de Aguas Nacionales mantiene el esquema mediante el cual se regulan concesiones y derechos, por lo que consideró necesario armonizar ambas disposiciones.

Respecto a la minería y los recursos del subsuelo, CIELOMex sostuvo que la propuesta incorpora mecanismos de consulta y restricciones para determinados proyectos, pero mantiene el dominio directo de la Nación sobre los recursos del subsuelo y la aplicación de la legislación sectorial.

También planteó cambios en materia de propiedad intelectual colectiva y conocimientos tradicionales, con el argumento de que deben establecerse mecanismos que permitan protegerlos frente a usos no autorizados y garantizar la participación de las comunidades en los beneficios derivados de su utilización.

Cuestionan tiempos para el proceso de consulta

Otro de los puntos señalados por CIELOMex corresponde al proceso de consulta. El organismo consideró que los tiempos establecidos por las autoridades pueden dificultar el análisis de una iniciativa de 453 artículos y la elaboración de propuestas por parte de las comunidades.

De acuerdo con el INPI, el proceso contempla la entrega de información a las comunidades y la realización de asambleas regionales para recoger opiniones, propuestas y observaciones. La convocatoria oficial establece la participación de 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas.

Para CIELOMex, la consulta debe considerar las formas de organización y los tiempos propios de los pueblos, además de garantizar condiciones para que las comunidades conozcan el contenido de la propuesta antes de emitir sus planteamientos.