Prácticas como la malversación, el fraude, el amiguismo, el compadrazgo, el favoritismo, el nepotismo o el soborno, son una constante en los gobiernos estatales, y es que en algunos no existe un ente anticorrupción que pueda visibilizar este problema.
El año pasado se dio a conocer que al menos dos funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, siguen un proceso judicial por irregularidades detectadas en su función, uno por sobornos y otro por falsificación de firma, aunado a estas tres personas, en tres años 35 servidores públicos han sido denunciados por su presunta responsabilidad administrativa.
Del total en el reporte de las autoridades investigadores de las entidades de fiscalización superior locales con corte al 31 de diciembre fue de 47 sancionados en el país, de ellos en Guanajuato uno, en Chihuahua cinco, en Zacatecas seis y en el Estado de México 35.
De acuerdo con datos del OSFEM, las denuncias recibidas en el 2022 fueron 119, mientras que el año pasado la cifra alcanzó 133 de las cuales 49 fueron de manera impresa y 84 en la plataforma.
Sin garantía de sanciones
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción tiene un presupuesto anual superior a 87.8 millones de pesos, y a la fecha no garantiza sanciones por conductas indebidas de funcionarios.
En cinco años, el Sistema Anticorrupción en el Estado de México ha reportado 32 amonestaciones, por responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, lo que refleja la falta de resultados para prevenir y combatir este delito, que se convirtió en una práctica sistematizada por décadas.
En un año, más de 32 mil mexiquenses fueron víctimas de corrupción al hacer trámites públicos lo que provocó una falta de confianza en las autoridades, con nulos resultados.