México continúa enfrentando graves desafíos en la protección de los derechos humanos, especialmente en el caso de quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Según el más reciente informe de la Organización No Gubernamental Global Witness, en 2023 se registraron al menos 193 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente a nivel mundial, de los cuales 18 ocurrieron en México.
Esta situación no es nueva.
En 2019, México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de defensores ambientales, según informes previos de la misma organización. Además, el informe destaca que el 70 por ciento de los asesinatos registrados a nivel global ocurrieron en solo cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México.
Los defensores del medio ambiente en México enfrentan una amplia gama de riesgos que van desde amenazas y hostigamientos hasta asesinatos, como consecuencia de su oposición a actividades como la minería, la tala ilegal, la agroindustria y grandes proyectos de infraestructura que ponen en peligro los recursos naturales y las comunidades locales.
En el Estado de México, dos activistas ambientales fueron asesinados en 2023, entre ellos el defensor del agua Álvaro Arvizu, se convirtió en un ejemplo de la vulnerabilidad que enfrentan quienes luchan por preservar los recursos naturales. Aunque no todos los ataques hacia activistas ambientales se manifiestan en violencia directa, el hostigamiento, las amenazas y otras formas de intimidación continúan siendo estrategias constantes para intentar frenar su labor.
Entre 2014 y 2023, México ha registrado poco más de 160 activistas ambientales asesinados, al menos 30 eventos de agresión fueron por asuntos ligados a las explotaciones mineras; 12 ocurrieron en el contexto de la construcción del Tren Maya y seis están ligadas al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ambas son obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, se registraron 13 eventos de agresión relacionados con temas forestales.
Cabe destacar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado que México no ha aplicado plenamente sus protocolos especializados para investigar las desapariciones de personas defensoras de los derechos humanos.
