En el Valle de Toluca, como en buena parte de la zona metropolitana, el desabasto dejó de ser una falla ocasional para convertirse en un modelo de negocio. Donde el servicio público falla, aparece el mercado de pipas: un entramado de operadores formales e informales que la venden como un bien de lujo, un recurso que, por mandato constitucional, es un derecho humano.
LA SED DE TOLUCA Y LAS PIPAS
Según denuncias vecinales recurrentes en distintas colonias de zonas altas y periféricas, la distribución de agua en pipa está en manos de grupos que actúan con un control casi territorial: deciden quién entrega, en qué calles y a qué precio.
En las colonias marginadas del Valle de Toluca, los habitantes reportan que, cuando la pipa es el último recurso, el costo va de 3 mil hasta 8 mil pesos según el volumen contratado, la zona, la frecuencia y la urgencia.
Para dimensionarlo, esa cifra puede representar entre una cuarta parte y más de la mitad de lo que gana al mes una familia que vive con uno o dos salarios mínimos. Es decir, hogares enteros destinan a comprar agua dinero que debería ir a alimentos, transporte o educación.

El caso de la colonia Nueva Santa María de las Rosas, en el Valle de Toluca, ilustra la dimensión del problema. Sus habitantes llevan más de cuatro meses sin contar con agua de manera habitual. El líquido llega apenas dos o tres veces por semana, mediante tandeo, y sin horarios que den certidumbre.
Las familias han tenido que reorganizar su vida alrededor del agua donde muchos vecinos se levantan antes del amanecer para aprovechar el momento en que la red tiene presión, llenando tinacos, tambos, cubetas y botellas y cuando el tandeo falla o el tinaco se vacía, la pipa se vuelve inevitable, y con ella la carga de 3 mil a 8 mil pesos.
El acceso al agua está reconocido en la Constitución mexicana como un derecho humano. Cuando una familia debe elegir entre comprar comida o comprar agua, la promesa constitucional se rompe.