En el Estado de México persiste una práctica que ha generado preocupación entre la administración pública, el uso de encargados de despacho para ocupar cargos estratégicos en áreas técnicas como obras, finanzas y seguridad.
Al usar encargados de despacho, algunos gobiernos evaden las certificaciones que exige la ley y colocan en cargos técnicos a personas sin la preparación adecuada, lo que puede generar decisiones deficientes y riesgos de irregularidades.
La magnitud del problema destaca al revisar los recursos que maneja el Estado de México, en 2025 el presupuesto fue de 388 mil 550 millones 619 mil pesos.
En materia de infraestructura, la inversión fue de mil 500 millones de pesos, además de 24 mil 621.7 millones de pesos provenientes de fondos federales. Asimismo, más del 54 por ciento del presupuesto estatal se asignó al eje de Bienestar Social, lo que incrementa la responsabilidad de contar con funcionarios capacitados que garanticen el uso adecuado y transparente de cada peso.
A decir del maestro en administración y políticas públicas Eduardo Rodriguez Manzanares la falta de perfiles profesionales y procesos transparentes puede afectar la calidad de las obras, la eficiencia del gasto y la confianza ciudadana. Por ello, consideran indispensable que el Estado de México fortalezca la profesionalización del servicio público y asegure que los nombramientos cumplan con los estándares legales, técnicos y éticos que exige la administración moderna.
Sin cumplir los requisitos de certificación, existe el riesgo de reproducir viejos problemas de corrupción, mala gestión e ineficiencia. Por ello, garantizar la profesionalización y la transparencia no es un trámite administrativo, sino una condición indispensable para que la inversión estatal se convierta en desarrollo real y beneficios tangibles para la ciudadanía.