Estados, deuda y opacidad fiscal

Cuatro de cada cinco pesos que gastan los estados provienen de la Federación, de las aportaciones del presupuesto federal, el peso restante lo obtienen por recursos propios o bien pidiendo prestado.

Y aunque en general no enfrentan problemas de pago, si privilegian las malas prácticas de ocultar información o informar a medias y de manera confusa para la población que en los hechos, es la principal beneficiaria de ese gasto.

En México se habla mucho de finanzas públicas, de presupuesto y deuda, pero la discusión se queda en el gasto federal.

El gasto de los estados está fuera de la agenda y más el de los municipios, presupuestos que dependen de los ingresos y las aportaciones federales.

"Las finanzas públicas de los estados y los municipios dependen en gran medida de lo que le está transfiere el gobierno federal y esta dependencia obviamente tiene muchas implicaciones entre ellas que obviamente muchas de las políticas públicas que se hacen a nivel subnacional dependen de lo que diga el gobierno federal", explica Emilio Sánchez Salazar, investigador en finanzas públicas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Esto significa además, que una parte importante de esos recursos ya están etiquetados; es decir, los estados no pueden decidir sobre el destino final del dinero, como dice Omar Lugo Bautista, líder de proyecto sobre finanzas públicas de la consultora A Regional.

"Las aportaciones forman parte del gasto federalizado y como tal ese gasto ya tiene un destino, ya no lo pueden ejecutar eh en otra de otra manera. Los otros, las participaciones, eso sí, son parte de los ingresos de libre disposición y ellos pueden disponer, como dice su nombre, eh libremente hacia dónde se han destinado esos recursos".

"Entonces esta especie de sumisión que existe pues también establece una dinámica de poder en la cual los estados y los municipios no tienen mucha voz y voto en lo que se tiene que hacer en sus territorios", agrega Emilio Sánchez.

"Tenemos un grupo de entidades federativas que son pocas, que son este muy ordenadas en el manejo de sus finanzas y tenemos otro grupo de entidades federativas o de gobiernos estatales que están ahorita en circunstancias difíciles en cuanto al manejo de sus finanzas y esos nuestros análisis nos dan la oportunidad de construir contexto y de crear escenarios que le sirvan a los propios gobiernos para este tomar decisiones y para generar políticas públicas adecuadas y políticas públicas efectivas", dice Cutberto Anduaga Lugo, director general de la consultora A Regional.

Un primer problema de las participaciones federales es que éstas a su vez dependen de la recaudación de impuestos federales, como dice Emilio Sánchez Salazar del CIEP.

"Pues particularmente porque dependen del desempeño recaudatorio del gobierno federal y particularmente este año hemos visto que ese desempeño no ha sido el esperado y eso le ha pegado a las participaciones por la cual han sido menores".

De acuerdo con los criterios generales de política económica 2027 que presentó el gobierno federal en septiembre de 2026, se estima que las participaciones federales pagadas a las entidades y municipios cerrarán el año en 1.44 billones de pesos, 20 mil 402 millones de pesos menos de lo que se aprobó en el presupuesto de egresos de la federación para 2026.

Esta dependencia financiera impone restricciones a los estados para decidir cómo gastar esos recursos y por ello recurren a la contratación de deuda, con los riesgos que esto implica.

"Tiene que pasar por a través de una calificación que se una evaluación que le otorgan calificadores, calificadoras muy prestigiosas, internacionales que están trabajando en México, que sin esa calificación no pueden acceder a los créditos. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso es que dependiendo de esa evaluación, que depende de la gestión financiera, es como el banco te trata", comenta Cutberto Anduaga de A Regional.

Y si bien las entidades federativas no reportan dificultades para cumplir con sus pagos, de acuerdo con el informe trimestral de deuda pública al tercer trimestre de 2026, esto no significa que la situación pueda cambiar, como advierten los especialistas.

"Establecieron un sistema de semáforos para poder evaluar la deuda de los estados y los municipios y además este sí pues se siguió un mayor control de cómo es que se manejan estos endeudamientos, pero también en otro sus cuestiones, cómo es que se presenta la información", dice el analista del CIEP.

"Hay una medición que realiza la Secretaría de Hacienda, (conforme) la ley de disciplina financiera; tiene determinados indicadores que tratan de medir qué tan viable es la deuda de los estados. Actualmente todos se encuentran en cima por verde, pero la verdad es que mucha indicadores. Son muy permisivos en cuanto al a la contratación de deuda", agrega el analista de A Regional.

De acuerdo con la SHCP, sólo los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León se encuentran en observación en el indicador de "capacidad de pago", lo que no significa que no puedan pagar, sino que incrementar su deuda sí podría provocar problemas de solvencia a largo plazo.

ESTADOS ENDEUDADOS

Al tercer trimestre de 2026, las entidades con mayor deuda son Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Veracruz.

Estas cinco entidades concentran 54.78 por ciento del total de deuda de las entidades federativas del país; poco más de la mitad.

En contraste, las entidades con menos adeudos son Querétaro, Baja California Sur, Campeche, Guerrero e Hidalgo, cuyos pasivos representan entre uno y dos por ciento respecto a los estados más endeudados.

Sin embargo, si dividimos el monto total de deuda entre la población de cada estado, la población de Nuevo León es la que tiene que pagar un monto mayor por persona para cubrir los adeudos contratados por su gobierno.

Cada persona neoleonesa debe 18 mil 103 pesos con 90 centavos, contra los 423 pesos con 20 que pagaría una persona que vive en Querétaro.

En este rubro destacan los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entidades que están entre las más pobres del país.

En Veracruz, cada persona tendría que pagar cinco mil 459 pesos con 30 centavos para pagar la deuda de su gobierno; en Oaxaca, tres mil 525 pesos con 80 centavos y en Chiapas, tres mil 198 pesos con 40 centavos.

NO RINDEN CUENTAS

Y aunque las entidades federativas vayan avanzando en disciplina financiera para alcanzar las prometidas finanzas sanas, tienen otro reto por delante y es el de la transparencia y la rendición de cuentas.

De acuerdo con el Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, elaborado por la consultora especializada A Regional, los gobiernos locales son hoy más opacos y se encuentran en niveles similares a 2003, cuando se publicó la primera ley en la materia a nivel federal.

De 2019 a la fecha, la transparencia del gasto público de los estados ha perdido 20 puntos y pasó de 79.93 puntos de cien posibles, a solo 59.28.

Sólo dos entidades alcanzan el nivel de gobiernos transparentes, Querétaro y Jalisco, con 97.86 y 93.55 puntos de cien posibles, respectivamente

Cuatro estados lograron una calificación de "suficiente" y el resto no llega a los 75 puntos.

Más de la mitad de las entidades federativas está por debajo del promedio nacional y los gobiernos que más ocultan sus finanzas son Aguascalientes (34.12), Guerrero (35.30), Nayarit (37.81), Oaxaca (38.23), Sonora (39.40) y Coahuila (41.61)

Cuatro entidades gobernadas por Morena, una gobernada por el PRI y la peor, Aguascalientes, bajo los colores del PAN.

"El indicador este año tuvo el promedio más bajo en 20 años. O sea, que si nos vamos a lo más sencillo, la transparencia regresó 20 años en este país.

Entonces, en lugar de ir evolucionando, en lugar de ir avanzando en la publicación de información que generan los gobiernos, vamos hacia atrás. ", advierte Cutberto Anduaga Lugo, director general de la consultora A Regional.

Este índice evalúa seis aspectos: marco regulatorio, marco programático-presupuestal, costos operativos, rendición de cuentas, evaluación de resultados y estadísticas fiscales.

El reporte indica qué tanto informan los gobiernos de los estados sobre la manera en que administran sus recursos, sus ingresos y el manejo de su deuda y finanzas.

En resumen, los gobernadores y gobernadoras de todos los partidos políticos, le ocultan a su población los detalles de las finanzas públicas y el manejo de presupuestos.

"Ahorita nos estamos encontrando este una falta de homologación en cuanto a las oficinas o a las dependencias públicas que se encargan o que son responsables de publicar la información de las entidades federativas de los gobiernos estatales", dice Anduaga Lugo.

A decir de especialistas, esta opacidad genera confusión, "debido a la invisibilidad de las acciones de los gobiernos, que afecta y dificulta ejercer el derecho ciudadano al escrutinio; provocando un desconocimiento generalizado sobre la utilización de los recursos financieros".

Y es aquí donde la derogación de leyes de transparencia y la desaparición de organismos autónomos, se convierte en una nueva ventana a la opacidad, pues la ciudadanía se queda sin instituciones ante las que pueda hacer valer su derecho de acceso a la información pública.

No es cosa menor.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de administrar miles de millones de pesos que van a programas sociales, obras públicas, seguridad, alumbrado, salud, educación, etc.

Por tanto, tienen la obligación de rendirle cuentas a la sociedad sobre la forma en cómo gastan esos recursos.

De los seis ejes temáticos que analiza el informe de A Regional, sólo reporta avances el relativo a costos operativos, sobre si los gobiernos estatales informan de acciones de gobierno para proveer servicios y atender demandas sociales, pero su nivel de cumplimiento es de apenas 47.7 por ciento.

Este es un rubro relevante, considerando que es parte del lucimiento personal de gobernantes, que les encanta presumir obras públicas, cortar listones e inaugurar lo que sea y pese a todo no lo hacen como debieran.

Los otros cinco aspectos del índice de transparencia reportan saldos negativos, especialmente los de "evaluación de resultados" y estadísticas fiscales.

El primero, relacionado con sistemas de evaluación de gestión gubernamental, apenas alcanza una valoración de 52.1 por ciento.

El otro, sobre cumplimiento de dar información sobre la situación financiera del Estado; ingresos, egresos y deuda pública, es el que tiene la peor calificación con apenas 45.1 por ciento de cumplimiento global.

Y el mayor espacio de opacidad tiene que ver con la deuda de los estados.

"El tema de la deuda se ha convertido en un verdadero hoyo negro en cuanto a la información eh este a la publicación de información. No, los estados no cuentan, no cuentan con información detallada y desglosada de sus créditos", sentencia Anduaga Lugo, director general de A Regional.