Extinción de dominio: Entre la opacidad y la buena voluntad
En teoría, la extinción de dominio es una de las armas del Estado mexicano para combatir las finanzas del crimen organizado. La lógica detrás de esta figura es simple: si se le quitan los recursos económicos al crimen, se le debilita desde la raíz.
En el Estado de México, esta ley entró en vigor el 15 de junio de 2016. Fue reformada y abrogada en junio de 2023, no obstante, siete años después de su implementación y a pesar del carácter estratégico que le atribuyen tanto autoridades estatales como federales, los resultados en la entidad son escasos
Uno de los casos más sonados fue la obtención de dos de los 21 inmuebles asegurados en el sur de la entidad que, según investigaciones, eran utilizados como escondites o sitios de descanso por líderes del grupo delictivo La Familia Michoacana. Esto ocurrió tras la denominada "Operación Bastión", aunque sólo uno de estos inmuebles fue recuperado por medio de la extinción de dominio.
Por otro lado, tras la "Operación Atarraya", se mantienen asegurados 374 inmuebles adicionales. No obstante, el destino legal de esos bienes sigue en el limbo, y el avance hacia su recuperación definitiva bajo este mecanismo ha sido escaso.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe anual sobre Fiscalización de Narcóticos, calificó esta figura como "poco efectiva" en México.
La estadística confirma esa percepción: según la Fiscalía mexiquense, de cada 12 procesos iniciados en el Estado de México, sólo seis logran una sentencia favorable. Es decir, apenas el 50%
Especialistas en derecho penal y judicial reconocen que la reforma fue, en su momento, una apuesta valiente por acotar el poder financiero del crimen. Sin embargo, también coinciden en que la expectativa generada por esta figura se ha visto ensombrecida por sus pobres resultados.
