En los corredores viales del oriente del Estado de México, encender el motor se ha convertido en una apuesta de supervivencia. Tanto las rutas de transporte público concesionado como las unidades de traslado de mercancías operan bajo un sistema de gobernanza criminal.
Los grupos criminales que disputan el territorio exigen pagos fijos que deben liquidarse al inicio o al cierre de cada jornada. El incumplimiento no se resuelve con advertencias administrativas, sino con represalias inmediatas: la quema de autobuses o camionetas a plena luz del día, ataques armados contra bases y derroteros, o el asesinato directo de los conductores.
EL YUGO SOBRE EL VOLANTE
En el sector de transporte de carga y reparto de mercancías, el panorama replica la misma lógica. En los corredores industriales y carreteros mexiquenses, los choferes enfrentan falsos retenes, secuestros exprés y el cobro de cuotas para no ser despojados de su carga o de sus tractocamiones.
El desgaste psicológico entre los trabajadores del volante es permanente. Cada parada en un semáforo o ascenso de pasaje representa la posibilidad de ser extorsionado o enfrentar a sujetos armados los cuales a punta de arma despoja tanto a conductores como a pasajeros de sus pertenencias.
Más allá del impacto económico que pulveriza las ganancias del día, los operadores enfrentan un riesgo laboral extremo al ser cooptados por la fuerza. Bajo amenazas de muerte dirigidas contra sus esposas, hijos y padres, numerosos conductores son obligados a desempeñarse como informantes ("halcones") para vigilar operativos policiales en las vialidades, o bien como recaudadores encargados de recolectar el dinero de la extorsión entre sus propios compañeros de ruta.

Esta doble condición los coloca en una trampa mortal: si se niegan, son ejecutados por la célula que controla su base; si obedecen, quedan expuestos a los ataques de grupos rivales o a ser detenidos como cómplices por las fuerzas de seguridad.
Tan solo en derroteros que conectan Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y Ecatepec como la Ruta 69, los transportistas han documentado más de una década pagando extorsiones para evitar agresiones letales, situación que ha obligado a más de la mitad de los operadores a abandonar el volante.
Abandonados a su suerte, miles de choferes siguen saliendo a trabajar con la certeza de que, en el oriente mexiquense, el volante está secuestrado.