En medio de un discurso político por parte del gobierno federal que enarbola la lucha contra la corrupción como una de sus principales banderas, la realidad contrasta de manera contundente con las palabras.
La reciente evaluación del Índice de Corrupción Estatal de la Organización Nacional Anticorrupción ha dejado al descubierto que la mayoría de los estados de la República Mexicana han naufragado en sus esfuerzos por combatir este flagelo obteniendo una calificación reprobatoria durante el periodo 2018-2021.
El Estado de México se destacó como el peor evaluado en este índice, con un 85.7 de 100 puntos posibles. Esta entidad no solo ostenta la mayor incidencia de faltas administrativas a nivel nacional, sino que también se posiciona entre las diez más afectadas por delitos de corrupción con tasas de impunidad que superan el 90%
Por su parte las cifras del corruptómetro indican que de CADA 100 DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS A NIVEL NACIONAL, APENAS 1.35 CONCLUYEN CON LA SANCIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE. Esto implica una impunidad penal promedio del 98.65%.
Los expertos en política pública señalan que el factor cultural juega un papel fundamental en la alta incidencia de corrupción en México. El abuso del poder no solo se tolera, sino que en muchos casos se aplaude y se premia en diversos aspectos de la vida cotidiana. Esta normalización de la corrupción perpetúa un ciclo vicioso difícil de romper.
La normalización cultural de la corrupción y la falta de acciones concretas para combatirla son obstáculos entorpecen la discusión para el diseño, operación y seguimiento de políticas públicas destinadas a erradicar la problemática.