Habitantes mexiquenses afectados por el desabasto de agua potable durante los últimos 2 años llegaron a pagar hasta 60% más caro el suministro del líquido, al adquirirlo a través de redes ilegales de distribución operadas por supuestas organizaciones sindicales, comisariados ejidales, particulares e incluso funcionarios públicos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), entre los grupos implicados se encuentran la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), ACME, Los 300 o Unión 300, Libertad 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza, los cuales operaban bajo una fachada sindical para encubrir prácticas de extorsión, acaparamiento, despojo y abuso de autoridad.
El organismo detalló que, mientras el costo regulado promedio del servicio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros, los precios ilegales alcanzaban sobrecostos de hasta 59% en Ecatepec, 41.4% en Cuautitlán, 32.4% en Tlalnepantla y casi 10% en Toluca.

Además, se constató que el agua no era potabilizada, sino únicamente clorada de manera rudimentaria, lo que representaba un riesgo sanitario para la población.
Los distribuidores utilizaban pipas sin permisos e incluso unidades tipo tráiler conocidas como "salchichas", con las que abastecían colonias enteras. En muchos casos, los vecinos eran obligados a comprar exclusivamente a transportistas afiliados a determinadas organizaciones, identificadas mediante logotipos o calcomanías, lo que evidenció el control territorial ejercido por estos grupos.
Las autoridades mexiquenses informaron que se mantienen en curso diversas investigaciones por delitos de extorsión, daño al patrimonio y usurpación de funciones, con el fin de desmantelar las redes de distribución irregular que lucraban con una necesidad básica.