Fiscalías sin autonomía ni justicia, atrapadas en intereses políticos.
Lejos de ser garantes de justicia y combate a la impunidad, muchas fiscalías en México operan con deficiencias estructurales y bajo una preocupante falta de autonomía.
En lugar de actuar como organismos independientes al servicio de la ciudadanía, en múltiples casos se convierten en herramientas al servicio del poder político, usadas para proteger intereses particulares o perseguir adversarios incómodos.
En el Estado de México, el acceso a la justicia es más una ilusión que una realidad. Con apenas 0.7 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 2.8, el sistema de procuración de justicia atraviesa una grave crisis de capacidad. A esta escasez se suma una sobrecarga de trabajo en las fiscalías, donde cada agente atiende en promedio 335.2 casos al año, lo que limita aún más la posibilidad de realizar investigaciones eficaces.
Además, la falta de personal capacitado y la deficiente preparación de los cuerpos policiales municipales como primeros respondientes dificultan que los delitos sean correctamente judicializados. Esta situación se agrava con la lentitud en el proceso de denuncia: en 2020, el 46.9 por ciento de los delitos tardaron más de cuatro horas en ser reportados ante el Ministerio Público, lo que evidencia no solo fallas estructurales, sino también una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
La falta de eficacia institucional en el Estado de México provoca que muchas carpetas de investigación se cierren o archiven sin una investigación adecuada, alimentando la impunidad. Solo 6 de cada 100 delitos logran iniciar un proceso legal, ubicando a la entidad entre las cinco con mayor impunidad en el país.
Esta realidad ha generado una percepción ciudadana negativa hacia la Fiscalía, vista como una institución ineficaz, sin autonomía y, en ocasiones, utilizada con fines políticos. En 2022, la confianza en la Fiscalía General de la República fue del 63.3 por ciento , mientras que en las Fiscalías Estatales apenas llegó al 55.9 por ciento
