La próxima aplicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos mantiene en alerta al sector gasolinero por los posibles efectos en las comisiones bancarias y las condiciones de operación de las estaciones de servicio, particularmente en localidades rurales donde las fallas de internet y telefonía celular pueden impedir las transacciones electrónicas.
Aunque la legislación ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y turnada al Ejecutivo federal el 20 de octubre, el sector busca que las disposiciones para su aplicación contemplen las condiciones particulares de las gasolineras y garanticen alternativas de cobro cuando no exista conectividad.
Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), señaló que uno de los principales planteamientos es conservar los acuerdos con las instituciones bancarias para evitar que aumenten las comisiones que pagan los establecimientos por las operaciones con tarjetas. Advirtió que, sin condiciones favorables, estos cargos podrían alcanzar entre 1 y 1.5 por ciento.
El dirigente consideró que la reducción del manejo de efectivo puede disminuir riesgos de seguridad y algunos gastos operativos; sin embargo, advirtió que un incremento en las comisiones bancarias representaría una presión adicional para los establecimientos, que también enfrentan aumentos en sus costos de operación.
Conectividad, un desafío para estaciones rurales
Otro de los puntos que preocupa a los distribuidores es la infraestructura de telecomunicaciones. De acuerdo con Pedraza, alrededor de 65 por ciento de las estaciones de servicio se ubican en zonas rurales, donde la falta de conexión estable puede impedir que los establecimientos reciban pagos digitales.
Por ello, el sector considera necesario que las reglas permitan recurrir al efectivo cuando se presenten fallas en los sistemas electrónicos. Aunque la ley contempla esta posibilidad ante contingencias que imposibiliten las transacciones digitales, los gasolineros buscan que su aplicación considere las condiciones de las localidades donde las interrupciones de conectividad pueden ser recurrentes.
La preocupación también abarca los costos laborales. El representante de ADIGAL señaló que la reducción gradual de la jornada de trabajo obligará a modificar las plantillas de personal de las estaciones, con la contratación de trabajadores adicionales para cubrir los turnos conforme avance la transición.

Gasolineras estarán entre los sectores de aplicación
La nueva legislación establece un marco para impulsar los pagos electrónicos y digitales en actividades económicas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir estos medios de pago, los establecimientos puedan aceptar efectivo o cheque.
El Gobierno federal ha señalado que las gasolineras y las casetas de peaje forman parte de los sectores estratégicos para avanzar en la digitalización de los cobros. La discusión para los distribuidores se concentra ahora en las condiciones de implementación, particularmente en los costos bancarios y la infraestructura necesaria para garantizar que las estaciones puedan mantener sus operaciones.
Pedraza también advirtió que los cambios pueden tener implicaciones para las empresas de transporte público y comercial, cuyos ingresos pueden provenir de pagos en efectivo, mientras que la compra de combustible constituye un gasto indispensable para mantener sus servicios.