Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2024, la sobrepoblación carcelaria en México sigue siendo un problema estructural, con un promedio nacional de 102.9 internos por cada 100 espacios.
Sin embargo, en el Estado de México la realidad es más crítica, pues concentra el 15% de la población penitenciaria del país, con más de 35 mil internos distribuidos en 23 centros, registrando una de las tasas más altas de sobrepoblación, con 238.8 personas por cada 100 espacios disponibles.
Un ejemplo de esta situación es Luis, cuyo nombre fue cambiado por anonimato, quien estuvo privado de su libertad en 2007 y relató las condiciones precarias que enfrentó dentro del Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito.
Explica que en una celda diseñada para cuatro personas en realidad vivían 15 internos, obligados a dormir en el suelo y a cocinar junto al lugar destinado para hacer sus necesidades. A ello se sumaban el robo de comida y la inseguridad constante entre los propios internos.
Para él, permanecer en esas condiciones resulta totalmente inhumano.
Frente a este panorama, Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de Reinserta, advirtió que la situación en la entidad es "precaria y desigual", pues mientras algunos centros no presentan sobrepoblación, en otros el hacinamiento es extremo, lo que evidencia fallas en el sistema penal y la falta de sentencias para muchos internos. Estos factores, señaló, con frecuencia dificultan y obstaculizan la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
En este sentido, Niño de Rivera enfatizó que el hacinamiento en los penales pone en riesgo las condiciones de reinserción, alejando a las cárceles del respeto a los derechos humanos y debilitando el interés de los internos en reinsertarse.
Por ello, subrayó la urgencia de implementar medidas profundas desde el sistema de justicia penal para atender la crisis penitenciaria de fondo.