Desde el 1 de abril de 2024, el Estado de México aplica el Impuesto sobre Emisiones Contaminantes al Agua, una disposición del Código Financiero estatal que obliga a empresas y establecimientos a pagar por las descargas de aguas residuales que contengan sustancias contaminantes.
En noviembre de este año, el Congreso mexiquense comenzó a analizar una propuesta para actualizar e incrementar las tarifas de agua en 21 municipios, incluidas las de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Este impuesto se aplica principalmente a industrias y comercios que descargan agua con contaminantes, calculando con base en los metros cúbicos de agua afectada y la concentración de sustancias medida en miligramos por litro. Para ello, las muestras deben analizarse conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas.
Según los resultados del análisis, se cobran 108 pesos por metro cúbico para contaminantes básicos y 141 pesos por metro cúbico para metales y cianuros. Si el agua contiene varias sustancias, cada tarifa se paga por separado, lo que incrementa el monto total.
Sin embargo, empresarios y cámaras industriales han expresado su inconformidad, al señalar que el impuesto se aplicó sin suficiente periodo de transición ni reglas operativas claras. También advierten que este cobro, autorizado desde 2015 pero no aplicado hasta ahora, representa un incremento cercano al 61% en los costos relacionados con el consumo y manejo del agua.
El sector empresarial considera que la medida genera incertidumbre y podría afectar la estabilidad de diversas compañías, especialmente ante la falta de claridad sobre su justificación técnica y su impacto económico.
El reto, coinciden observadores, será equilibrar la protección ambiental con un esquema de cobro que no afecte la operación de las empresas ni la capacidad de los municipios para gestionar sus sistemas de agua y saneamiento.