En el Estado de México los animales ya no son considerados objetos, sino seres sintientes que deberían estar protegidos por la ley, pues en los hechos la llamada justicia animal enfrenta graves rezagos: pocas denuncias se investigan, las sentencias son mínimas y la mayoría de los agresores queda impune.
En los últimos doce meses apenas se dictaron 11 condenas por maltrato animal en toda la entidad. Seis de ellas ocurrieron en el primer semestre de 2025, mientras que las denuncias por este delito aumentaron casi 29 por ciento, dejando ver que no se logra atender el problema.
La justicia animal debe entenderse como un proceso integral que proteja la vida, la integridad y el bienestar de los animales, donde las denuncias se atienden en los ministerios públicos y con unidades especializadas.
Los ejemplos son evidentes: casos como el de Tenancingo, donde un cachorro fue lanzado a un refugio y murió sin que hasta ahora haya cárcel para el responsable, o el de Mexicaltzingo, donde más de 100 perros fueron asegurados pero el proceso judicial sigue sin sentencia.
Los Colectivos han exigido la creación de una Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, la homologación de criterios judiciales y un fondo estatal para refugios temporales que permita atender a los animales asegurados durante los procesos.
También piden que se destinen más recursos a campañas de esterilización y educación, pues sin prevención el círculo de abandono y maltrato nunca se romperá.
El panorama no es bonito. Siete de cada diez perros viven en situación de calle y millones de animales domésticos enfrentan abandono dentro de sus propios hogares. En ese contexto, la justicia animal no debería ser un lujo, sino una obligación del Estado.