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14 de Mayo del 2025

DD. HH.

Justicia cívica: Un año de rezago en municipios mexiquenses.


Con el objetivo de fomentar la convivencia armónica, prevenir conflictos sociales y dar solución inmediata a las faltas administrativas, en noviembre de 2023 entró en vigor en el Estado de México la Ley de Justicia Cívica.
Esta legislación propuso un cambio de paradigma en el tratamiento de las infracciones menores, al privilegiar procedimientos ágiles, transparentes y restaurativos, en los que la mediación y el diálogo sustituyen al castigo como herramientas principales para la resolución de conflictos.
A pesar de que la Ley de Justicia Cívica estableció un plazo de 180 días para que los ayuntamientos emitieran sus respectivos reglamentos y adecuaran sus bandos municipales, al mes de mayo de 2024, la mayoría de los municipios no han cumplido con esta obligación. Un diagnóstico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reveló que sólo 25 de los 125 municipios estaban en condiciones de aplicar la ley, lo que representa apenas el 20 por ciento del total.
Un ejemplo del rezago: el 5 de febrero de 2024, el Ayuntamiento de Toluca incluyó, por primera vez en el Bando Municipal una mención a los servicios de justicia cívica. Posteriormente, en atención a la Recomendación 04/2024 emitida por la CODHEM, el Ayuntamiento llevó a cabo algunas adecuaciones normativas y administrativas relacionadas con el tema.
La implementación de la Ley de Justicia Cívica en el Estado de México enfrenta desafíos significativos. La falta de infraestructura adecuada, personal capacitado y recursos financieros ha impedido el cumplimiento de la ley en un centenar de municipios.
Hasta la fecha no se han previsto sanciones para aquellos ayuntamientos que no han cumplido, lo que contribuye a la falta de avances en los municipios.
La aplicación de la justicia cívica mejoraría la convivencia social y fortalecería el respeto a los derechos humanos, pero los ayuntamientos no parecen compenderlo.
 La justicia cívica representa una herramienta clave para la resolución de conflictos cotidianos y la promoción de una cultura de legalidad en el ámbito municipal.





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