El mercado de autos usados no solo representa una oportunidad de movilidad accesible para miles de familias, sino también un vasto terreno fértil para la delincuencia organizada.
El Estado de México se erige como el epicentro de esta problemática, con la mayor incidencia de delitos relacionados con vehículos en la nación. La economía criminal del auto usado se sustenta en tres ejes principales: el robo directo de vehículos, los fraudes en la compraventa y el desmantelamiento en talleres clandestinos.
Según datos de la plataforma Kavak citados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hasta el 40% de las transacciones de autos seminuevos entre particulares presenta irregularidades o riesgos de estafa, como vehículos con reportes de robo ocultos o kilometrajes manipulados.
En 2025, las redes sociales se han convertido en el canal principal para estos engaños, dónde anuncios falsos prometen gangas que terminan en demandas o pérdidas totales para el comprador.
La "legalización" de autos robados es el mecanismo más ingenioso de esta economía subterránea, permitiendo que vehículos hurtados reaparezcan en el mercado como unidades legítimas.
De acuerdo con el Instituto de Certificación y Verificación Vehicular, el proceso conocido como clonación o remarcación, implica copiar la identidad de un auto legal para transferirla a uno robado. Esto se logra mediante falsificación de placas y permisos, a menudo reutilizando documentos temporales de importación para evadir controles aduaneros.
En medio de este panorama el auto usado lejos de ser una puerta a la oportunidad, es al día de hoy un sinónimo de riesgo.