La extorsión en México se ha convertido en una industria criminal en expansión, normalizada por la impunidad, el miedo y la incapacidad o incluso la complicidad institucional.
Este delito, que combina amenazas, violencia y manipulación digital, ha crecido al amparo de un sistema de justicia debilitado y una población que teme denunciar.
En el Estado de México, una de las entidades con mayor población y actividad económica del país, el delito de extorsión ha mostrado una disminución del 26 por ciento entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
No obstante, la cifra negra se estima en alrededor del 94 al 96 por ciento.
Las modalidades más comunes en la entidad incluyen el cobro de piso, la extorsión telefónica y la extorsión a transportistas, a quienes se les cobra por circular en ciertas rutas o descargar mercancía. También han aumentado las amenazas por WhatsApp y redes sociales, donde los criminales suplantan identidades o se hacen pasar por grupos delictivos.
Los municipios con mayor incidencia de este delito durante 2025 son Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Tecámac, zonas donde confluyen una intensa actividad comercial y altos índices de población. Los sectores más afectados son los pequeños y medianos comerciantes, los vendedores ambulantes, los transportistas, los dueños de bares y restaurantes, así como los empresarios locales.
Aunque las autoridades estatales aseguran que la disminución de casos responde a operativos de inteligencia, bloqueo de números telefónicos y trabajo conjunto con el sector empresarial, el miedo a denunciar y la desconfianza institucional continúan permitiendo que la extorsión siga operando en la sombra, consolidándose como una de las principales fuentes de ingreso del crimen organizado en el país.