Aunque algunos organismos públicos, como los OPLE, sí regulan la figura de encargado de despacho exigiendo que el designado provenga de un cargo inmediato inferior y estableciendo funciones y plazos definidos esta precisión no es la regla general. Incluso contemplan un periodo máximo de seis meses, con posibilidad de prórroga sólo mediante procesos formales de selección.
Sin embargo, esta regulación es específica y no aplica de forma uniforme en toda la administración pública. En el ámbito del Poder Ejecutivo, incluida la estructura del Estado de México, la normativa permite realizar nombramientos y reubicaciones, pero no obliga a que los encargados cumplan los mismos requisitos técnicos o de experiencia que un titular.
El vacío legal abre una ventana de discrecionalidad, la figura temporal puede usarse para colocar en posiciones clave a personas sin el perfil adecuado, permitiendo que asuman responsabilidades de alto impacto sin certificaciones ni preparación especializada. Esto mantiene vulnerable la profesionalización del servicio público.