Acceder a la justicia cívica en el Estado de México permite resolver conflictos vecinales e infracciones administrativas de forma ágil y sin necesidad de acudir a procesos judiciales. Este modelo busca fomentar la convivencia armónica, prevenir delitos y garantizar el respeto al reglamento municipal mediante mecanismos como la conciliación, la mediación y la imposición de sanciones proporcionales.
Para hacer uso de este sistema, las personas pueden acudir al juzgado cívico de su municipio cuando enfrenten situaciones como riñas, ruido excesivo, obstrucción de la vía pública o desacato a las autoridades. Ahí, el juez cívico evalúa los hechos y emite una resolución que puede ir desde una amonestación hasta arrestos o trabajos en favor de la comunidad, según la gravedad de la falta.
Según datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de 2020, en el Estado de México se registraron 193 mil 499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales y quejas ciudadanas. De estas, más de 100 mil faltas cívicas fueron sancionadas con arresto y 50 mil con otro tipo de medidas.
Este modelo no solo busca sancionar, sino también restituir la armonía social, ofreciendo a las personas la posibilidad de resolver conflictos cotidianos de manera pacífica y legal.