El Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2024, publicado por el INEGI, revela que al cierre de 2023, había 233 mil 173 personas privadas de la libertad, de las cuales el 91.1 % se encontraba en centros estatales y el resto en penales federales.
Un dato alarmante es que aproximadamente el 37.2 por ciento de los internos carece de sentencia, permaneciendo bajo medidas cautelares o preventivas sin que se resuelva jurídicamente su situación. Esta condición refleja el rezago del sistema de justicia penal, prolonga la estancia en los penales y agrava la sobrepoblación.
De acuerdo con el estatus jurídico: 86 mil 852 internos estaban sin sentencia, 17 mil 199 con estatus no definitivo, 125 mil 312 con estatus definitivo y 3 mil 810 no tenían estatus identificado. Comparado con 2022, la población con sentencia aumentó 6.2 %, mientras que la población sin sentencia disminuyó 1.7 %.
Por género, 36.7 % de los hombres y 46.2 % de las mujeres privadas de libertad no contaban con sentencia. Respecto al tiempo de espera, 21.1 % de los hombres y 22 % de las mujeres han esperado entre 6 y menos de 12 meses por su resolución judicial.