Si bien la expansión urbana en el Estado de México devora hábitats a un ritmo alarmante, las actividades mineras y la tala clandestina emergen como depredadores silenciosos que fragmentan bosques, contaminan suelos y aceleran la pérdida de biodiversidad.
En 2025, estas prácticas no solo representan un 30% de la deforestación estatal, sino que también desequilibran cadenas tróficas enteras, poniendo en riesgo servicios ecosistémicos vitales como la purificación del agua y la captura de carbono.
La Secretaría de Economía mexiquense inició la cancelación de 805 concesiones mineras en septiembre de 2025 por incumplimientos ambientales, pero el daño acumulado es irreversible: se estima que la minería contribuye al 15% de la deforestación en regiones como la Sierra del Nevado de Toluca.

Paralelamente, la tala ilegal representa una plaga endémica que arrasa con pinos, oyameles y encinos en el Estado de México, 25 municipios están en alerta roja por tala clandestina, con una pérdida de al menos 3 mil 200 hectáreas de bosque. Municipios como Amecameca, Atlautla, Chalco, Naucalpan, Ixtapaluca, Jilotzingo, Jiquipilco, Nicolás Romero, Ocuilan, Ozumba, Tejupilco, Temascaltepec, Temoaya y Villa de Allende lideran esta debacle
De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la fragmentación por minería y tala ha incrementado un 20% la vulnerabilidad de anfibios como el ajolote desde 2020.
Esta interdependencia revela que la biodiversidad no es un lujo, sino el engranaje que sostiene la productividad ecosistémica-