México frente al 28S: avance legal del aborto y retos

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido como 28S, México registra avances significativos en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo a nivel estatal y federal. Sin embargo, persisten disparidades entre las entidades que han adecuado sus códigos penales locales y aquellas donde aún no se armoniza la legislación.

Situación legal y avance en los estados

A la fecha, la mayoría de los congresos locales en México han modificado sus leyes para permitir la interrupción del embarazo a petición de la persona gestante, principalmente dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Entre los estados con causales despenalizadas o reformas vigentes se encuentran la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros.

En contraste, entidades como Guanajuato, Querétaro, Durango, Morelos, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas mantienen restricciones en sus códigos penales locales para la interrupción voluntaria por decisión de la persona gestante, permitiéndola únicamente bajo causales específicas como violación, riesgo para la vida o imprevisión. A nivel federal, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han establecido la inconstitucionalidad de sancionar el aborto y han ordenado al Congreso de la Unión y a las instituciones federales de salud garantizar el servicio.

Datos oficiales y servicios de salud pública

De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud federal y del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el país cuenta con más de 100 Unidades de Servicios de Aborto Seguro (SAS) distribuidas en centros de salud y hospitales públicos del sistema nacional. Estas unidades aplican los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), priorizando el uso de medicamentos y procedimientos ambulatorios no invasivos.

Pese a los fallos judiciales y reformas aprobadas, organizaciones civiles señalan que los principales retos continúan siendo la objeción de conciencia del personal médico, la falta de insumos en zonas rurales y la necesidad de adecuar los códigos penales en los estados pendientes para homologar la atención en todo el territorio nacional.