El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano la liberación inmediata de Juan Carlos Ramírez Michaca, quien lleva 21 años en prisión por un caso de homicidio ocurrido en Ecatepec, Estado de México. El organismo determinó que su detención fue arbitraria y que durante el proceso penal se cometieron graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellas tortura física y psicológica.
Juan Carlos tenía 19 años cuando fue detenido, el 20 de febrero de 2005, por elementos de la entonces Policía Ministerial en su domicilio, ubicado en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. De acuerdo con las denuncias de su familia y defensa, los agentes ingresaron al inmueble durante la madrugada, lo sacaron junto con otros familiares y lo trasladaron ante el Ministerio Público.
En rueda de prensa se dió a conocer que en su detención fue golpeado, desnudado y sometido a tortura mediante inmersiones en un tambo con agua, con la intención de obligarlo a declararse responsable de un homicidio que asegura no haber cometido.
La defensa legal sostiene que inicialmente los policías buscaban información sobre el responsable de un ataque armado en el que murieron integrantes de un grupo conocido como MK-13, también llamado Los Cholos. Sin embargo, posteriormente Juan Carlos fue señalado como responsable de los hechos.
En abril de 2007 recibió una sentencia de 140 años de prisión por homicidio. Desde entonces, su familia ha denunciado irregularidades en la investigación, la utilización de una declaración presuntamente obtenida bajo tortura y la falta de una defensa jurídica adecuada.
ONU reconoce detención arbitraria y solicita su liberación
Tras analizar el caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emitió la Opinión 49/2026, en la que concluyó que la privación de la libertad de Ramírez Michaca fue arbitraria y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
Entre las irregularidades documentadas se encuentran la falta de una base legal válida para su detención, la imposición automática de prisión preventiva, la utilización de pruebas ilícitas y las omisiones de las autoridades judiciales ante las denuncias de tortura.
Adicional se identificó deficiencias en la defensa jurídica y señaló que la violencia durante el arresto, la tortura y la posterior autoinculpación forzada afectaron las garantías de un juicio justo. El documento pide ponerlo en libertad de manera inmediata, garantizar una indemnización y otras medidas de reparación del daño
CODHEM también se pronunció a favor de la amnistía
La resolución de Naciones Unidas se suma al pronunciamiento emitido el 5 de octubre de 2026 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que identificó violaciones a los derechos humanos de Juan Carlos y presentó ante el Poder Judicial mexiquense un pronunciamiento favorable a la amnistía.
La CODHEM señaló irregularidades en la detención, entre ellas el uso de la figura de flagrancia equiparada, la falta de información sobre sus derechos, la entrevista policial sin asistencia de una persona defensora y las deficiencias de su defensa jurídica. También advirtió que las autoridades omitieron investigar posibles actos de tortura.
Ahora, la solicitud de amnistía se encuentra ante el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba, a cargo del juez Magdaleno Camacho Vázquez, quien deberá analizar la petición.
La defensa considera que Juan Carlos cumple con los supuestos establecidos en el artículo 4, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de México, que contempla este beneficio cuando existe un pronunciamiento de un organismo de derechos humanos que identifica violaciones y propone la libertad de la persona.
