Paridad de género en los cabildos: desigualdad en el poder
DD. HH.

Paridad de género en los cabildos: desigualdad en el poder

Por: KARLA DEL VALLE
Toluca
Fecha: 21-09-2026

La paridad abrió las puertas de los ayuntamientos para que más mujeres llegarán a los cabildos del Estado de México, pero ocupar una silla no siempre significa tener el mismo poder para decidir. En 2026, las disputas por el acceso a información, recursos y comisiones continúan evidenciando las barreras que enfrentan algunas edilas para ejercer plenamente sus cargos.





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Violencia política contra mujeres en razón de género 

El impacto de esta problemática también se refleja en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Desde su creación, en septiembre de 2020, y hasta el 10 de marzo de 2026, el registro acumula 476 inscripciones ordenadas por distintas autoridades, principalmente tribunales electorales locales.

De ese universo, 432 personas han sido inscritas por resoluciones relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género. En el Estado de México, el padrón registra 22 personas inscritas.

La brecha también está en los espacios donde se ejerce el poder. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, las mujeres ocupan 56 por ciento de las sindicaturas y regidurías, pero sólo 23 por ciento de las presidencias municipales. Además, en áreas estratégicas como Obras y Administración representan apenas el 33 por ciento de los puestos.

Barrenas culturales notables 

La propia normativa electoral mexiquense contempla como posibles actos de violencia política restringir la participación en comisiones, negar recursos inherentes al cargo, ocultar información o limitar la intervención en los órganos deliberantes.

En la práctica, estas barreras pueden adoptar formas menos evidentes, excluir a las mujeres de decisiones relevantes, relegadas a tareas asociadas con estereotipos de género, minimizar sus propuestas o cuestionar constantemente su capacidad para ocupar espacios de responsabilidad. También pueden presentarse mediante obstáculos para acceder a la información o a los recursos necesarios para cumplir con sus atribuciones.

Cuando estas conductas están motivadas por razones de género y afectan el ejercicio de un cargo público, pueden constituir violencia política. Pero incluso antes de llegar a ese punto, los estereotipos pueden marcar quién participa, quién decide y qué responsabilidades se consideran apropiadas para una mujer.

Mientras estas prácticas permanezcan normalizadas, la paridad corre el riesgo de quedarse en una representación numérica. El problema no es sólo cuántas mujeres ocupan un espacio en los gobiernos municipales, sino si las reglas informales, los estereotipos y las resistencias dentro de las instituciones les permiten participar en igualdad de condiciones. 



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