Poder Judicial en Toluca mantiene movilización por desacuerdos en evaluación laboral

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Toluca realizaron este lunes una segunda movilización para manifestarse en contra del esquema de evaluación implementado por el Órgano de Administración, al considerar que los criterios actuales vulneran su estabilidad laboral y propician despidos arbitrarios.

La protesta responde a un acuerdo emitido por el órgano administrativo que condiciona la permanencia del personal a un proceso de evaluación que los empleados califican como injusto y discrecional. De acuerdo con las declaraciones de Prende Hernández, representante de los inconformes, el problema central no es la aplicación de exámenes, sino el riesgo de un cese injustificado bajo parámetros poco claros que afectan directamente a la base trabajadora.

Criterios subjetivos y falta de certeza jurídica

Durante la manifestación, los trabajadores detallaron que el mecanismo de evaluación contempla un modelo desproporcionado donde los factores subjetivos tienen un peso excesivo frente a los conocimientos técnicos. Según explicaron, el sesenta por ciento de la calificación depende de la apreciación personal y de la afinidad con el titular, mientras que el cuarenta por ciento restante corresponde propiamente a la evaluación de conocimientos.

Asimismo, los inconformes señalaron que las modificaciones administrativas firmadas recientemente por magistrados y ministros no poseen validez legal plena mientras no sean publicadas de manera formal en el Diario Oficial de la Federación. Hasta que dicho marco normativo quede debidamente reglamentado y publicado, el personal judicial en Toluca advirtió que mantendrá las protestas y las acciones de presión necesarias.

Postura y respuesta del Órgano de Administración

El sector movilizado indicó que el Órgano de Administración se comprometió a entregar una respuesta formal durante este día; sin embargo, advirtieron que mantendrán las medidas de protesta en caso de que la resolución no garantice condiciones equitativas, transparentes y apegadas a la ley de carrera judicial.

No estamos en contra de la evaluación, sino en contra de una evaluación justa, reiteraron los manifestantes, quienes insistieron en que el Poder Judicial en esta demarcación no cederá hasta contar con garantías jurídicas claras que protejan sus derechos laborales frente al riesgo de ceses arbitrarios.