En cada ciclo electoral las campañas políticas suelen incluir promesas ambiciosas sobre seguridad pública, con un énfasis recurrente en la creación o fortalecimiento de policías comunitarias o de proximidad. Estas propuestas buscan generar confianza en la ciudadanía, prometiendo una fuerza policial cercana, capacitada y comprometida con la prevención del delito.
Sin embargo, la realidad postelectoral revela un patrón de promesas incumplidas, dejando a las comunidades mexiquenses en un estado de vulnerabilidad y desconfianza hacia las instituciones.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, publicada en octubre de 2025, el 64.5% de los mexiquenses percibe inseguridad en su entorno, una cifra que refleja la magnitud del problema. Municipios como Ecatepec, Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla figuran entre los más afectados por delitos como robo, extorsión y violencia de género.
Según un informe de México Evalúa de julio de 2025, aunque el 11% de las acciones de seguridad en 31 capitales estatales entre 2021 y 2024 se enfocaron en proximidad policial, la mayoría de estas iniciativas carecen de continuidad, evaluación y recursos suficientes.
En el Estado de México, la falta de presupuesto es un obstáculo crítico. Aunque el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asigna recursos a los estados, la distribución hacia los municipios es insuficiente para capacitar, equipar y dignificar a los cuerpos policiales.
Las promesas de policías comunitarias se mantiene como un espejismo electoral, mientras la ciudadanía mexiquense enfrenta la inseguridad con recursos propios y una creciente sensación de abandono.