Presupuesto definirá alcance de la nueva Ley Universitaria

La aplicación de la nueva Ley Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) dependerá de que los gobiernos federal y estatal garanticen los recursos necesarios para cumplir con las disposiciones de gratuidad, ampliación de derechos y fortalecimiento de la vida democrática de la institución, advirtió el especialista en políticas públicas Ricardo Nieto.

Consideró que la reforma representa un avance para actualizar una legislación que tenía más de 40 años sin una renovación integral y que ahora incorpora demandas de la comunidad universitaria, además de armonizar el marco normativo con disposiciones nacionales e internacionales. Sin embargo, señaló que los cambios podrían enfrentar dificultades si no existe un respaldo presupuestal suficiente.

Nieto explicó que la universidad depende en más de 80 por ciento de recursos federales y estatales, por lo que será necesario que las asignaciones presupuestales no disminuyan y, al menos, aumenten conforme a la inflación de cada ejercicio fiscal.

Gratuidad y nuevas reglas de participación

Entre los cambios que destacó se encuentra la incorporación de un esquema progresivo para eliminar los cobros de inscripción, reinscripción y algunos servicios, como la expedición de títulos y constancias. La gratuidad, explicó, ya forma parte de la legislación y no dependerá únicamente de acuerdos administrativos, aunque su implementación será gradual.

También resaltó la ampliación de los mecanismos de apoyo estudiantil, con becas académicas, deportivas, culturales y alimentarias, así como apoyos dirigidos a grupos vulnerables. De acuerdo con el especialista, el nuevo esquema permite que los estudiantes puedan acceder a más de una modalidad de beca, según sus condiciones.

Otro cambio es la incorporación del voto universal, directo, secreto y vinculante para la elección de autoridades universitarias, mediante un Consejo Electoral. Además, se ampliará la representación de alumnos, docentes y personal administrativo de distintos espacios académicos en el Consejo Universitario, que podría integrarse por alrededor de 220 miembros.

La reforma también contempla la paridad de género y un sistema de cuidados, además de establecer un periodo único de cuatro años para quien ocupe la Rectoría, sin posibilidad de reelección o ampliación del mandato.

Financiamiento, principal desafío

Nieto advirtió que la eliminación gradual de cuotas representará un desafío financiero, debido a que los ingresos por inscripciones, reinscripciones y colegiaturas equivalen aproximadamente a 12 por ciento de los recursos de la institución.

Por ello, consideró indispensable que los gobiernos federal y estatal acompañen la reforma con un presupuesto suficiente. Señaló que ampliar la matrícula y garantizar la gratuidad sin incrementar los recursos podría generar presiones financieras que dificulten cumplir con los derechos y servicios establecidos en la nueva legislación.